Según La Silla Vacía, once de los dieciséis congresistas que hoy ocupan las dieciséis curules de paz en el Congreso declararon su apoyo a Abelardo de la Espriella. Las circunscripciones especiales fueron creadas por el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las entonces FARC, con el propósito de garantizar representación política en el Legislativo a territorios y poblaciones golpeados por el conflicto armado.
Los restantes cinco representantes elegidos por estos circuitos no aparecen, por ahora, dentro del grupo de respaldo reportado por La Silla Vacía. La diferencia es relevante porque las curules suman dieciséis en total, distribuidas en igual número de circunscripciones especiales, y cualquier movimiento dentro de ese bloque suele interpretarse como una señal política de cara al inicio del nuevo gobierno.
El respaldo llega en un momento sensible para la implementación del Acuerdo. El presidente electo ha planteado en distintos escenarios la revisión de varios de sus puntos, entre ellos, la existencia misma de las curules de paz. Para quienes resultaron elegidos por esos circuitos, el debate no es abstracto: su llegada al Congreso depende directamente de ese mecanismo de participación.
Las curules de paz surgieron como una respuesta a una deuda histórica con los municipios más afectados por la violencia. El sistema permite que comunidades campesinas, víctimas y organizaciones de zonas rurales escojan, sin la mediación de los partidos tradicionales, a personas llamadas a llevar sus necesidades al Legislativo. Por eso cualquier reforma en ese ámbito toca un pilar sensible de la arquitectura institucional diseñada hace casi una década.
La Constitución y los decretos que reglamentaron estas circunscripciones fijaron criterios de elegibilidad, topes de financiación y reglas de competencia distintas a las de las circunscripciones ordinarias. Las campañas suelen ser más cortas, el voto es personal y los candidatos habitualmente compiten sin el aparato de los partidos grandes. En 2022 esas condiciones moldearon una bancada pequeña pero con voz propia dentro del Capitolio.
El alineamiento con el próximo gobierno abre un dilema sobre la independencia de esos legisladores. Quienes los eligieron lo hicieron para llevar demandas territoriales, no para convertirse en operadores automáticos del Ejecutivo. La bancada tendrá ahora la tarea de demostrar si el respaldo político se traduce en influencia sobre las decisiones del nuevo gobierno o si compromete su perfil crítico frente a la implementación.
En el plano institucional, la reforma de las curules no depende solo del Ejecutivo. Cualquier modificación de fondo requeriría un proyecto de ley que pase por el Congreso o, en su defecto, ajustes regulatorios del Ministerio del Interior. Eso significa que los mismos congresistas de paz serían protagonistas, y tal vez árbitros, de una discusión que afecta su propia permanencia en la Corporación.
El contexto inmediato es el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración que comienza con Abelardo de la Espriella. En ese tránsito, las señales políticas de los bloques pequeños suelen pasar desapercibidas frente a los grandes acuerdos partidistas, pero en esta ocasión la bancada de paz se sitúa en el centro, porque su respaldo es explícito y porque está en juego un instrumento diseñado para reparar a las víctimas.
Queda por ver si los cinco congresistas restantes fijan posición pública o permanecen en silencio, y si la bancada en pleno presenta propuestas conjuntas sobre el futuro de las curules. La atención estará también en los próximos nombramientos ministeriales y en la primera agenda legislativa del gobierno entrante, donde se medirá la distancia entre el respaldo político anunciado y las decisiones de fondo sobre el Acuerdo.