Según la revelación de EL TIEMPO, las negociaciones con grupos armados y bandas urbanas adelantadas en el marco de la política de “paz total” dejaron una ejecución de 125.174 millones de pesos sin que se reportaran acuerdos definitivos ni procesos de desmantelamiento concluidos. El dato surge de un cruce de cifras oficiales sobre los recursos efectivamente girados durante esos procesos.
El reporte periodístico detalla que dos rubros concentraron la mayor parte del gasto: el transporte aéreo de los delegados y las medidas de protección para los voceros y participantes de las mesas. Ambos conceptos, sumados a otros rubros logísticos, explican la mayor proporción de los recursos ejecutados, de acuerdo con la información publicada por EL TIEMPO.
La “paz total” fue la estrategia con la que el Gobierno anterior buscó abrir conversaciones simultáneas con estructuras armadas ilegales y bandas urbanas con presencia en distintas regiones del país. La política se planteó como un mecanismo para explorar vías de sometimiento, desmovilización o reincorporación, en paralelo a los diálogos tradicionales que ya se adelantaban con otros grupos.
En la práctica, las mesas funcionaron con equipos de facilitadores, esquemas de seguridad para los interlocutores y logística de traslados, lo que generó costos operativos recurrentes. La revelación de EL TIEMPO se enfoca precisamente en cuánto se gastó en esa operación y en qué se concentró el dinero, más que en un balance político del proceso.
El contraste que deja el reportaje es directo: recursos ejecutados por 125.174 millones de pesos frente a resultados finales que, hasta ahora, no se tradujeron en acuerdos firmes ni en desmantelamientos verificados. Esa brecha entre inversión y resultados se convierte en el eje de la discusión pública sobre el costo de los intentos de diálogo.
Para los ciudadanos, el dato reabre el debate sobre la eficiencia del gasto público destinado a procesos de paz y sobre los criterios con los que se asignan recursos a conversaciones que no siempre concluyen en compromisos verificables. También pone en primer plano la necesidad de mecanismos de seguimiento claros sobre el uso de esos fondos.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió recientemente, ha señalado que desmontará los esquemas heredados que considera insuficientes o fallidos. La revelación de EL TIEMPO se publica en ese contexto y alimenta la discusión sobre qué se mantiene, qué se ajusta y qué se cancela en la política de conversaciones con grupos armados.
Queda por establecer si las entidades competentes publicarán un balance oficial detallado de cada mesa, así como el destino final de los compromisos parciales que se alcanzaron y de los voceros que participaban en los diálogos. La cifra reportada por EL TIEMPO queda como punto de partida para ese proceso de revisión.