El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo un llamado directo desde el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, a las administraciones locales que no han entregado el reporte oficial de damnificados tras el terremoto que sacudió varias regiones del país. Según informó Caracol Radio, la solicitud está dirigida específicamente a 200 municipios que, hasta el momento, no han remitido la información solicitada por el Gobierno nacional.
El requerimiento presidencial se produce en un momento clave de la atención de la emergencia. Para que las entidades del Estado puedan priorizar la entrega de ayudas humanitarias, activar líneas de crédito, desplegar operativos de salud y restablecer servicios básicos, resulta indispensable contar con un censo actualizado de las familias, viviendas e infraestructura afectadas en cada municipio.
De acuerdo con la fuente, el pronunciamiento del jefe de Estado se realizó durante su visita al Quindío, una de las zonas que sintió los efectos del movimiento telúrico. La escogencia del lugar no es menor: hablar desde uno de los municipios impactados le da al mensaje un tono de cercanía con las comunidades que esperan respuestas concretas de sus autoridades locales y nacionales.
El llamado pone en evidencia una dificultad recurrente en la gestión de desastres en Colombia: la disparidad en la capacidad institucional entre municipios. Mientras algunas alcaldías cuentan con equipos técnicos preparados para levantar censos en pocas horas, otras dependen de formatos físicos, carecen de personal en sus oficinas de gestión del riesgo o no activan a tiempo los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, lo que retrasa la consolidación de la información.
Para los ciudadanos, la diferencia entre un municipio que reporta y uno que no se traduce en tiempos de espera. Las familias que perdieron su vivienda, los pequeños comerciantes afectados y los productores agrícolas con cultivos dañados dependen de que su alcalde suba la información a los sistemas oficiales. Sin ese reporte, el municipio queda por fuera de la asignación de subsidios de arrendamiento, de la entrega de kits de emergencia y de la reconstrucción de acueductos, escuelas y vías.
El contraste entre los municipios que ya entregaron la información y los 200 que están en mora muestra dos velocidades dentro de la misma emergencia. En algunos casos, la demora responde a limitaciones técnicas; en otros, a falta de voluntad política para activar los protocolos. El pronunciamiento presidencial apunta directamente a cerrar esa brecha y a señalar que la omisión tiene consecuencias en la atención a las víctimas.
Las reacciones al llamado no se hicieron esperar en el plano local. Alcaldes consultados por medios nacionales reconocen que los formatos del censo no siempre son claros y que la comunicación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernaciones y los municipios presenta cuellos de botella. Sin embargo, el mensaje desde Quimbaya dejó claro que la Casa de Nariño espera resultados en el corto plazo.
El siguiente paso será verificar, en los próximos días, cuántos de esos 200 municipios responden al requerimiento y cuál es la calidad de los datos remitidos. Con esa información consolidada, el Gobierno nacional podrá dimensionar el tamaño real de la catástrofe, calcular los recursos necesarios y diseñar un plan de reconstrucción que trascienda la atención inmediata y aborde la reparación de largo plazo en las zonas más golpeadas.
Por ahora, el llamado del presidente De la Espriella deja una tarea concreta sobre la mesa: que cada alcaldía asuma su parte en el levantamiento del censo. La emergencia, como suele ocurrir en Colombia, pone a prueba la articulación entre el nivel nacional y el local, y mide la capacidad de respuesta de los mandatarios territoriales frente a uno de los fenómenos naturales más difíciles de atender.