El Gobierno colombiano anunció una reforma fiscal con tres ejes centrales: la reducción gradual del impuesto 4x1.000, el desmontaje del impuesto al patrimonio y una disminución del gasto público. La información fue reportada por 360 Radio.
El 4x1.000 es un gravamen a los movimientos financieros que se aplica a las operaciones de retiro de dinero de las cuentas bancarias. Desde su creación en la década de los noventa, ha sido una fuente recurrente de ingresos para el presupuesto nacional, aunque también motivo de debate por su efecto sobre la liquidez de hogares y empresas.
Eliminar de forma gradual este tributo implica, en la práctica, que cada vez más transacciones dejarían de pagar el porcentaje correspondiente. Para una persona o un comercio que mueve dinero con frecuencia, el efecto acumulado puede ser significativo al cierre de un mes.
El otro componente de la reforma es el desmontaje del impuesto al patrimonio, un tributo que grava la posesión de bienes y activos por encima de ciertos montos. Este gravamen ha tenido en el pasado tratamientos temporales y ha sido ajustado en distintas leyes, lo que le da al anuncio un carácter de revisión estructural.
La reforma incluye además una reducción del gasto público, un capítulo sensible porque obliga a definir dónde se recortan partidas y dónde se protegen los programas sociales, la inversión en infraestructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. La magnitud del ajuste será clave para evaluar la viabilidad de la iniciativa.
El contexto es relevante: en los últimos años, Colombia ha discutido reformas tributarias con el objetivo de ampliar la base de recaudo, simplificar el sistema y atraer inversión. Una propuesta que va en la dirección contraria, es decir, que baja impuestos y recorta gasto, plantea el debate sobre cómo se sostendrán las finanzas del Estado.
Para los ciudadanos, los puntos más sensibles son el posible alivio en las comisiones bancarias y el fin de un tributo que pesa sobre patrimonios altos. Para las empresas, una menor carga tributaria puede traducirse en mayor liquidez, aunque también depende de cómo se financie la reducción.
La reforma deberá surtir un trámite legislativo en el Congreso, donde enfrentará debates sobre su impacto fiscal, su efecto distributivo y su coherencia con el marco de responsabilidad fiscal. Aún no se conocen públicamente detalles sobre las fechas del trámite ni los textos específicos.
Por ahora, el anuncio abre una nueva etapa en la discusión económica del país. Queda pendiente conocer el articulado, el cronograma de desmonte del 4x1.000 y la forma en que se compensará la pérdida de recaudo, si es que el Congreso respalda la iniciativa.
