El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que a partir del 7 de agosto procederá a desmontar la política conocida como Paz Total, que rige las relaciones del Estado con grupos armados ilegales y estructuras criminales organizadas. Así lo reportó el portal Primicias, que adelantó la noticia con base en fuentes de la transición.
La Paz Total fue la apuesta central del gobierno saliente de Gustavo Petro para negociar simultáneamente con organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y otras bandas multicrimen. La estrategia buscaba, en teoría, reducir la violencia mediante acuerdos humanitarios, ceses al fuego y mesas de diálogo, aunque sus resultados han sido objeto de debate público durante todo el cuatrienio.
De la Espriella había anticipado este giro desde la campaña electoral. Su discurso planteaba que el diálogo con grupos armados no había producido reducciones sostenidas de la violencia ni desmovilizaciones verificables, y que el Estado debía recuperar el monopolio de la fuerza en zonas donde hoy delinquen estructuras armadas.
El anuncio llega en un momento sensible. Varias mesas de diálogo siguen abiertas, en especial con el ELN, y existen acuerdos parciales de cese al fuego que hoy cobijan a miles decombatientes en distintas regiones. El desmontaje implica revisar esos compromisos, suspender protocolos vigentes y redefinir el papel de los gestores de paz y los negociadores designados por el gobierno anterior.
Para los ciudadanos, la decisión tiene efectos directos. En municipios afectados por el conflicto, los cambios en la política de seguridad determinan si se mantienen los ceses al fuego locales, si se reanudan operaciones militares y si los líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 mantienen o pierden los esquemas de protección. La transición también abre preguntas sobre el futuro de los procesos de reincorporación.
Sectores políticos y expertos en seguridad reaccionaron al anuncio. Quienes respaldan la medida sostienen que la negociación simultánea con múltiples grupos armados debilitó la autoridad estatal. Quienes la critican advierten que romper los diálogos sin una estrategia clara podría aumentar los enfrentamientos y el desplazamiento forzado en regiones como el Catatumbo, el Cauca, Nariño y el sur de Bolívar.
El gobierno electo deberá definir pronto varios puntos pendientes. Entre ellos, el destino de los delegados en las mesas, la suerte de los acuerdos humanitarios vigentes, la continuidad o no de los ceses al fuego bilaterales y el plan para atender a las comunidades que viven en zonas donde hoy hacen presencia las organizaciones armadas.
La fecha del 7 de agosto coincide con el arranque formal del nuevo periodo presidencial, lo que sugiere que la transición apunta a ejecutarse desde el primer día de gobierno. Hasta entonces, la administración saliente conserva la vocería oficial sobre los procesos de paz.
La ciudadanía seguirá de cerca los pasos siguientes. Cualquier paso en falso puede traducirse en nuevos hechos de violencia que ya golpean a varias regiones del país.