El gobierno de Gustavo Petro intentó expedir, a última hora, un decreto que, según expertos citados por El Tiempo, debilitaba los estándares de resistencia sísmica exigidos a las nuevas edificaciones en Colombia. La norma habría modificado los criterios técnicos que regulan el diseño y la construcción de inmuebles en el país.
De acuerdo con el reporte de El Tiempo, especialistas en ingeniería estructural advirtieron que los cambios previstos dejaban a las nuevas construcciones expuestas a daños graves o incluso a colapsos ante terremotos. Como referencia, los expertos mencionaron el sismo del 10 de agosto, considerado un evento reciente que puso a prueba la normativa vigente.
Colombia se ubica en una zona de alta actividad sísmica por la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, y por la presencia de sistemas de fallas activas en distintas regiones. Por esa razón, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) establece exigencias técnicas obligatorias para que las estructuras puedan soportar movimientos telúricos sin poner en riesgo la vida de sus ocupantes.
Una eventual reducción de esos requisitos técnicos habría tenido implicaciones directas sobre la seguridad de los habitantes de las nuevas edificaciones, en particular en ciudades situées en zonas de amenaza sísmica alta como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales y Pereira. Para la ciudadanía, el debate no es técnico sino de protección de la vida frente a un riesgo natural recurrente.
El sector de la construcción y la ingeniería civil suele participar en la revisión de normas que regulan la sismo-resistencia, junto con entidades como la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y el Ministerio de Vivienda. Cambios en estas exigencias suelen requerir análisis técnicos rigurosos, estudios de impacto y procesos de consulta antes de su expedición.
El intento de expedir el decreto a última hora, según el reporte de El Tiempo, fue interpretado por los consultados como un movimiento que buscaba sortear el debate técnico y ciudadano. Esta modalidad de aprobación exprés ha generado críticas en otros casos, pues limita el tiempo disponible para que la academia, los gremios y la sociedad civil evalúen los efectos de la norma.
Por ahora, no se conoce una posición oficial detallada del gobierno nacional sobre los señalamientos publicados por El Tiempo, ni sobre el estado del trámite del decreto. El Tiempo es la fuente que reporta la denuncia de los expertos y los riesgos técnicos que, según ellos, habría implicado la modificación.
Queda pendiente aclarar si el decreto fue expedido, archivado o retirado, y si el gobierno abrirá un proceso de socialización con ingenieros, constructores y ciudadanía. El seguimiento a esta decisión es relevante para propietarios, compradores de vivienda, inversionistas del sector inmobiliario y para los municipios que deben aplicar las normas de sismo-resistencia en sus licencias de construcción.
En un país con historial de terremotos como los de Popayán en 1983, Armenia en 1999 y el reciente evento del 10 de agosto, la actualización de las normas de construcción suele ser un asunto de alta sensibilidad. Cualquier cambio en los estándares exige, por lo general, consenso técnico y transparencia sobre los criterios adoptados.