El presidente electo Abelardo de la Espriella afirmó que asumirá el cargo en una guarnición militar, un gesto que marca el tono de su relación con las Fuerzas Militares desde el primer día de gobierno, de acuerdo con el reportaje de EL PAÍS. La decisión de posesionarse en ese tipo de instalación constituye una señal política en un país que en las últimas décadas ha vivido una transición tras los acuerdos con las antiguas FARC.
Además, según la misma fuente, De la Espriella anunció el desmantelamiento de las consejerías de paz y de derechos humanos. Se trata de dos dependencias creadas para articular la política de reconciliación y la defensa de garantías fundamentales, por lo que su eliminación implicaría un rediseño de la estructura del Estado en esas materias.
El presidente electo también lanzó críticas directas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el Acuerdo de 2016 para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado. Aunque la fuente no detalla el contenido exacto de las críticas, estas se producen en un contexto de tensiones recurrentes entre sectores políticos y ese organismo.
En la misma línea, De la Espriella anunció su intención de llevar a prisión a Timochenko, el excomandante de las FARC y ahora líder del partido Comunes. La propuesta choca de frente con lo establecido en el Acuerdo de Paz, que contempla amnistías e indultos para quienes se acogieron al proceso y dejaron las armas.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano y blindado mediante el llamado bloque de constitucionalidad, lo que significa que sus contenidos tienen rango constitucional. Cualquier modificación enfrenta controles estrictos por parte de la Corte Constitucional, un detalle que pesa sobre los anuncios del presidente electo.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Sectores que defienden el proceso de paz recordaron que desconocer los compromisos adquiridos pone en riesgo la seguridad jurídica de miles de excombatientes que están reintegrándose, así como la confianza de la comunidad internacional que acompañó la negociación. Por otro lado, voces que critican el acuerdo consideran que sus términos no satisfacen a las víctimas.
Para la ciudadanía, el punto más sensible es el de las consejerías de paz y derechos humanos, porque estas dependencias son las encargadas de atender a las víctimas del conflicto, acompañar procesos de restitución de tierras y promover la convivencia en los territorios más afectados por la violencia, como las regiones del Cauca, el Catatumbo y el sur de Córdoba.
En materia de seguridad, la decisión de posesionarse en una guagnición militar sugiere una apuesta por una relación más estrecha entre el Ejecutivo y la Fuerza Pública. Esa lectura ya genera expectativas en las regiones donde operan grupos armados y disidencias, que evalúan cada gesto del próximo gobierno para anticipar el rumbo de la política de seguridad.
A futuro, queda por verse cómo el nuevo gobierno articulará estas decisiones con el marco constitucional vigente. La JEP y las organizaciones de víctimas son las primeras instancias que deberán pronunciarse, mientras el Congreso y la Corte Constitucional aparecen como árbitros de cualquier intento de modificar el Acuerdo de 2016.