Según Infobae, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió acelerar la liquidación del Ministerio de la Igualdad al encontrar irregularidades en su funcionamiento administrativo. La fuente detalla que se hallaron retrasos en los estados financieros, compromisos sin soporte presupuestal y una estructura burocrática que, a juicio del Ejecutivo, no se justifica frente a las funciones que la cartera venía cumpliendo.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro como una de las apuestas centrales de su gestión, con el propósito de articular políticas para mujeres, jóvenes, poblaciones étnicas, personas con discapacidad y sectores en condición de pobreza. Nació con la promesa de cerrar brechas históricas y de coordinar acciones entre distintas entidades del Estado.
Desde su conformación, la cartera estuvo rodeada de controversias. Sectores políticos y de control cuestionaron la velocidad con que se diseñó su estructura, la contratación de personal y la ejecución de programas en los territorios. Distintos informes de seguimiento alertaron sobre demoras en la entrega de recursos y debilidades en la focalización de los beneficios, lo que se convirtió en un punto de crítica recurrente para la oposición.
La decisión del gobierno de De la Espriella de liquidar el ministerio, y no simplemente reformularlo, marca un giro en la orientación de la política social del Estado. Con la supresión, las funciones que hoy concentra la cartera deberán ser reasignadas a otras entidades, lo que plantea dudas sobre la continuidad de los programas en marcha y sobre la atención a las poblaciones que eran beneficiarias directas de la oferta institucional.
Para los ciudadanos, la liquidación tiene efectos prácticos. Los usuarios de programas, los convenios con gobernaciones y alcaldías, y los contratos con operadores territoriales podrían verse afectados durante el proceso de transición. El gobierno aún no ha precisado, de acuerdo con la fuente consultada, un cronograma detallado de cierre ni un mapa claro de cómo se redistribuirán las responsabilidades entre las entidades que reciban las funciones.
La decisión también genera un debate institucional. Algunos analistas han señalado que, en lugar de liquidar la cartera, una reorganización interna podría corregir las ineficiencias detectadas sin desmontar por completo el andamiaje institucional dedicado a la equidad. Otros consideran que la supresión es coherente con un enfoque de austeridad y de reducción del tamaño del Estado, una de las banderas anunciadas por el actual gobierno en materia de reforma administrativa.
En materia fiscal, la liquidación abre el interrogante sobre qué pasará con los recursos ya apropiados en el Presupuesto General de la Nación para los programas del ministerio. En pasadas experiencias de cierre de entidades en Colombia, los activos, los pasivos y los compromisos pendientes se han trasladado a ministerios sectoriales o a la entidad que el gobierno determine como sucesora, aunque los plazos y la forma del traspaso suelen generar traumatismos en la ejecución.
Desde el punto de vista político, la medida se inscribe en el primer tramo del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha planteado una revisión profunda de la estructura del Estado. La liquidación de un ministerio creado en la administración anterior es una señal del nuevo rumbo, pero también implica un proceso técnico y jurídico que debe surtir trámites ante el Congreso y las instancias de control, si así lo establece la ley.
Por ahora, la fuente consultada no menciona reacciones oficiales de los directivos del Ministerio de la Igualdad ni de las organizaciones sociales que trabajan con sus programas. Tampoco se conocen pronunciamientos de las agremiaciones ni de los entes de control que adelantaban seguimiento a la cartera. Queda pendiente, en consecuencia, conocer el decreto o proyecto mediante el cual el gobierno formalizará la liquidación y los tiempos de transición que se prevén para no afectar a los beneficiarios.