El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la paz en Colombia se construye con la fuerza de las armas, según reportó Reporte Indigo. La frase se inscribe dentro del debate nacional sobre cuál es la estrategia más efectiva para alcanzar la estabilidad en zonas históricamente afectadas por la violencia.
El concepto de construir paz mediante el uso de la fuerza no es nuevo en la discusión pública colombiana. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos han combinado operativos militares, diálogos de negociación y políticas sociales para atender las regiones donde persisten grupos armados ilegales. La frase del presidente llega en medio de ese debate abierto.
La declaración contrasta con el enfoque implementado en los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016, que privilegiaron la negociación política sobre la confrontación armada. Parte de la institucionalidad colombiana, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, se diseñó precisamente para procesar los hechos del conflicto por vías judiciales y de reparación.
Para amplios sectores sociales y de derechos humanos, la construcción de paz ha estado ligada a componentes como verdad, justicia, reparación y no repetición. Para otros sectores políticos y de defensa, la presencia activa de la fuerza pública es condición indispensable para proteger a la población civil y desactivar estructuras armadas.
La fuerza pública colombiana, integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tiene dentro de sus funciones constitucionales la defensa de la soberanía y la protección de los ciudadanos. Cualquier declaración presidencial sobre el rol de las armas en la consolidación de la paz suele interpretarse como una señal sobre la direccionalidad de la política de seguridad del gobierno.
Según la fuente, la afirmación del presidente se produjo en un escenario público, lo que le otorga peso político y la expone a reacciones inmediatas de diversos sectores. Organizaciones de víctimas, académicos y líderes regionales suelen ser los primeros en pronunciarse cuando un jefe de Estado fija ese tipo de posturas.
En lo inmediato, queda pendiente conocer los pronunciamientos oficiales de las Fuerzas Militares, de los voceros de los procesos de diálogo vigentes y de las organizaciones internacionales que acompañan la implementación de los acuerdos. La frase también abre la expectativa sobre si el gobierno ajustará su política de seguridad y de paz en los próximos meses.
Para la ciudadanía, el debate es directo: si la prioridad será el fortalecimiento de la capacidad militar del Estado, si se mantendrán los espacios de diálogo con grupos armados, y de qué manera se protegerá a las comunidades que hoy viven en zonas de disputa. Esas preguntas quedan abiertas tras la declaración reportada por Reporte Indigo.