El presidente Abelardo De La Espriella informó, a pocos días de posesionarse, que el subsidio entregado a los beneficiarios de Colombia Mayor pasará de su valor actual a $400.000. El anuncio se produjo en el contexto de su arranque de gestión y fue reportado por El Informador desde Santa Marta.
Según lo declarado por el mandatario, el programa atraviesa un desfinanciamiento de 3,2 billones de pesos, una cifra que el Gobierno entrante recibió como diagnóstico inicial. Ese hueco fiscal condiciona cualquier ajuste en los montos y en la cobertura del programa, que atiende a población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.
Colombia Mayor es un programa de transferencias condicionadas del Estado colombiano, administrado por Prosperidad Social, dirigido a personas mayores de 65 años (o a partir de los 60 cuando se trata de indígenas o víctimas) que no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes. El beneficio tradicional consiste en un apoyo económico mensual que se entrega a través de operadores de pago y que en los últimos años se había mantenido en montos cercanos a los $130.000 a $160.000 por beneficiario, dependiendo de los ajustes de cada vigencia.
El salto hasta los $400.000 implicaría un incremento cercano a triplicar el valor actual del subsidio, lo que representaría un alivio significativo para los hogares que dependen de esta transferencia. Sin embargo, el propio presidente reconoció que ese esfuerzo presupuestal choca con un faltante identificado en el programa.
El anuncio se da en un momento sensible para la política social del país. El envejecimiento poblacional y la alta dependencia económica de los adultos mayores que no acceden a pensión hacen de Colombia Mayor una herramienta central dentro de la red de protección social no contributiva. Cualquier modificación en su monto o cobertura tiene efectos directos sobre millones de personas mayores en zonas urbanas y rurales.
De La Espriella vinculó el ajuste al compromiso de su gobierno con la población adulta mayor, uno de los grupos poblacionales priorizados en su discurso de posesión. La comunicación oficial no incluyó hasta el momento detalles sobre la fecha de inicio del nuevo valor ni sobre la fuente específica de los recursos que financiarían el incremento, más allá del reconocimiento del desfinanciamiento existente.
Entre los retos que deja planteados el anuncio está la necesidad de cerrar la brecha de 3,2 billones que, según el diagnóstico inicial, afecta al programa. También queda pendiente precisar si el aumento irá acompañado de ajustes en los criterios de focalización, en la cobertura de nuevos beneficiarios y en la articulación con otros programas como Renta Ciudadana o los subsidios territoriales a la vejez.
El Informador, medio que reportó la declaración, continuará el seguimiento al trámite que el Gobierno adelante para garantizar la sostenibilidad del incremento. Por ahora, la ciudadanía adulta mayor queda a la expectativa de las decisiones operativas y presupuestales que materialicen el nuevo monto.