El presidente Abelardo de la Espriella anunció el desmonte de la política de paz total, una estrategia de seguridad y diálogo implementada en Colombia desde 2022. La información fue reportada por el Noticiero 90 Minutos, que señaló la fecha del 7 de agosto como punto de partida para la transición.
La paz total fue una de las apuestas centrales del gobierno anterior para reducir la violencia en los territorios. Se trató de un marco que buscaba conversaciones simultáneas con grupos armados y estructuras criminales, bajo el argumento de diferenciar entre organizaciones con voluntad de paz y otras dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
De acuerdo con la fuente, la decisión implica dejar sin efecto los espacios y mecanismos creados bajo esa política. Aún no se detallaron públicamente todos los alcances del desmonte ni las medidas que lo sustituirán, un aspecto que genera expectativa entre distintos sectores que seguían de cerca esos procesos.
Expertos en conflicto armado consultados en otras ocasiones han advertido que los diálogos parciales con grupos ilegales tienen efectos mixtos. Algunos resaltan reducciones temporales de violencia, mientras otros cuestionan que la fragmentación de las mesas debilite la capacidad del Estado para imponer condiciones.
La decisión del presidente ocurre en un contexto de preocupación por la persistencia del reclutamiento de menores, los desplazamientos forzados y la presencia de estructuras armadas en regiones como el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. Organizaciones sociales han pedido que cualquier cambio mantenga la protección a las comunidades afectadas.
Desde el sector productivo y algunas gobernaciones departamentales también se han escuchado voces a favor de una política de seguridad más firme. Argumentan que la incertidumbre jurídica que generan los diálogos simultáneos afecta la inversión en zonas donde todavía delinquen disidencias y bandas criminales.
El anuncio deja en el aire varias preguntas operativas. No se conoce todavía qué pasará con los acercamientos en curso ni con los protocolos de protección a líderes sociales vinculados a esos procesos. El gobierno tampoco ha precisado si habrá un nuevo marco legal o si se retomarán estrategias de seguridad anteriores.
La ciudadanía observa con atención la transición, pues del modelo que se implemente dependerá la forma en que el Estado enfrente a los grupos armados en los próximos años. El mensaje del presidente, según la fuente, apunta a reorientar la política hacia un esquema con menos espacios de diálogo y mayor presión militar y judicial.