El presidente Abelardo de la Espriella, a menos de un mes de haber asumido el cargo, informó que su gobierno cerrará varias dependencias del Estado encargadas de impulsar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. La medida fue comunicada como una reorganización de prioridades hacia la seguridad.
Según el extracto publicado por La Estrella de Panamá, las oficinas que serán suprimidas serán reemplazadas por una nueva figura: el Comisionado Nacional para la Seguridad. El anuncio, realizado por el propio mandatario, generó reacciones inmediatas en distintos sectores que consideran estas dependencias como piezas clave para el seguimiento de los compromisos pactados hace casi una década.
El Acuerdo de Paz de 2016 es el marco firmado por el Gobierno y las FARC para poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno. Su implementación ha involucrado a varias entidades del Estado, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET. También ha contado con acompañamiento internacional, incluido el de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La eliminación de estas dependencias supone un cambio estructural en la arquitectura institucional creada para ejecutar lo pactado en La Habana. Diversos analistas han señalado que esas oficinas cumplen funciones de articulación entre el Gobierno nacional, las regiones más afectadas por el conflicto y los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación.
La creación de un Comisionado Nacional para la Seguridad, en cambio, responde al énfasis que el nuevo gobierno ha puesto en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. El presidente ha enmarcado la decisión como una necesidad de unificar la política de seguridad bajo un mando especializado, en un contexto de preocupación por grupos armados y economías ilegales que siguen activas en varios territorios del país.
La noticia provocó alarma institucional y política. Sectores que han participado en el proceso de paz, incluyendo organizaciones de víctimas, excombatientes y la comunidad internacional, han expresado preocupación por el destino de los compromisos pendientes en materia de reincorporación, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Desde el punto de vista ciudadano, la medida tiene implicaciones directas para las comunidades que habitan las zonas históricamente afectadas por el conflicto. Los PDET, por ejemplo, han canalizado inversión en 170 municipios priorizados. Cualquier restructuración de las dependencias responsables podría afectar el seguimiento y la ejecución de proyectos de agua potable, vías, salud y reactivación económica en esas regiones.
También impacta a los firmantes del Acuerdo que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. Las entidades suprimidas han sido las interlocutoras para la entrega de tierras, la formación técnica, el acceso a salud y la protección de los excombatientes frente a amenazas y asesinatos selectivos, una problemática que sigue vigente en el país.
Por ahora, el gobierno no ha detallado el cronograma de la transición ni el destino del personal y los recursos de las oficinas afectadas. Tampoco se ha precisado cómo quedarán los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco del Acuerdo, ni el rol que tendrá el nuevo Comisionado frente a las regiones con presencia de grupos armados.
El anuncio deja varias preguntas abiertas. Entre ellas, si los recursos destinados a la implementación se reorientarán hacia la nueva dependencia de seguridad, y de qué manera se garantizará la continuidad de los acuerdos con las comunidades y los excombatientes. La sociedad colombiana y la comunidad internacional esperan definiciones concretas en los próximos días.