El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el fin de la política de paz total, la estrategia de diálogo simultáneo con grupos armados ilegales que ha marcado la seguridad colombiana en los últimos años. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, aseguró que solo ofrecerá sometimiento a la justicia, no negociación política, a las organizaciones armadas que operan en el país.
De la Espriella explicó que la reactivación de las órdenes de captura se hará efectiva desde el 7 de agosto. Esa fecha marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad, con un giro claro hacia la confrontación judicial y militar frente a los grupos al margen de la ley.
El enfoque del nuevo gobierno, según el presidente electo, tendrá dos ejes centrales. El primero es la recuperación del control territorial en zonas donde diferentes grupos armados han ejercido presencia durante años. El segundo es el fortalecimiento de la Fuerza Pública, con el objetivo de restablecer la capacidad operativa del Estado en regiones afectadas por la violencia.
La política de paz total, impulsada desde 2022, abrió mesas de diálogo con varias organizaciones, entre ellas el ELN, disidencias de las antiguas FARC y estructuras criminales como el Clan del Golfo. El modelo contemplaba beneficios jurídicos y sociales a cambio de procesos de desmovilización y sometimiento. Los resultados han sido objeto de debate público por la persistencia de acciones armadas en distintos territorios.
La decisión de desmontar ese modelo y volver al sometimiento implica un cambio de rumbo. El sometimiento, contemplado en la Ley 2272 de 2022, es una vía judicial que permite a los miembros de organizaciones armadas entregar sus armas y acogerse a la justicia ordinaria a cambio de penas reducidas, pero sin la categoría de negociadores políticos que ofrecía la paz total.
La medida tendrá efectos sobre los grupos en proceso de diálogo. Las mesas instaladas con el ELN y con disidencias entraron en crisis en varias ocasiones por hechos violentos atribuidos a esas organizaciones. La reactivación de capturas limita el margen de acción de esos espacios y refuerza la presión sobre los cabecillas y mandos medios.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene implicaciones directas. En municipios con presencia histórica de grupos armados, el cambio de estrategia puede traducirse en un repunte de operaciones militares, allanamientos y capturas. También podría modificar la dinámica de protección de líderes sociales, firmantes de acuerdos y comunidades vulnerables en zonas de conflicto.
El presidente electo no entregó detalles sobre la transición operativa ni sobre el presupuesto destinado al fortalecimiento de la Fuerza Pública. Tampoco se conoció una cronología precisa para el desmonte gradual de los espacios de conversación existentes. Esos puntos quedan pendientes y serán determinantes para evaluar la aplicación de la nueva política.
El anuncio llega en un momento de tensión regional por hechos de violencia recientes y por la crisis de seguridad en departamentos como Cauca, Catatumbo y Putumayo. El reto del nuevo gobierno será traducir la decisión política en resultados verificables en materia de orden público y protección a la población civil.