Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció este domingo que a partir del 7 de agosto derogará los principales componentes de la política de paz total, según reportó el medio Análisis Urbano. El anuncio se produjo en el marco del periodo de transición entre su elección y el inicio formal de su mandato.
La paz total fue concebida como el marco de negociación simultánea del Estado colombiano con distintos grupos armados y organizaciones criminales. Bajo esa bandera se desarrollaron acercamientos con estructuras como el ELN, disidencias de las antiguas FARC y otros colectivos señalados por las autoridades como responsables de actividades ilegales en varias regiones del país.
La derogación de estos ejes implica un cambio en la estrategia de seguridad nacional. En lugar de priorizar las mesas de diálogo, el nuevo gobierno orienta su política hacia operativos de fuerza, inteligencia y articulación con la Fuerza Pública, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de acción de los grupos armados en los territorios donde hacen presencia.
La decisión afecta de manera directa a las comunidades que habitan zonas históricamente golpeadas por el conflicto. En departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo, la población civil ha sido la principal víctima de enfrentamientos, restricciones a la movilidad y reclutamiento forzado por parte de los grupos armados.
Organismos de derechos humanos y sectores académicos han señalado en distintas ocasiones que el fin de los diálogos sin una ruta clara puede traducirse en un repunte de la violencia. La Defensoría del Pueblo ha documentado de manera recurrente los riesgos que enfrenta la población civil en regiones con presencia activa de grupos armados ilegales.
Desde el sector militar y de policía, la disposición del nuevo gobierno es vista como una oportunidad para reforzar la presencia institucional en zonas donde el Estado ha tenido presencia limitada. La coordinación entre Ejército, Policía y Fiscalía será clave para definir los resultados de la nueva estrategia en el corto y mediano plazo.
La oposición política y algunos sectores del Congreso han expresado su preocupación por el alcance de la medida. Partidos que participaron en la formulación de la paz total cuestionan el cambio de rumbo sin un proceso de transición claro hacia las comunidades y los líderes sociales que durante años han mediado en los territorios.
El presidente electo no ha detallado hasta el momento los decretos específicos que se firmarán el 7 de agosto, ni el calendario de despliegue de las nuevas operaciones. Tampoco se ha pronunciado sobre el futuro de los acuerdos parciales suscritos con estructuras como el ELN ni sobre el estatus de los firmantes en proceso de reincorporación.
Analistas de seguridad coinciden en que las próximas semanas serán decisivas para medir el impacto real del anuncio. La reacción de los grupos armados, la posición de los organismos internacionales que han acompañado los diálogos y el rol de la sociedad civil en los territorios configurarán el rumbo de la nueva política de seguridad del país.