Según la propuesta difundida por el aspirante, las actuales agencias de paz serían reemplazadas por un organismo con énfasis en seguridad, al que se le asignarían las funciones que hoy ejercen distintas entidades del Estado vinculadas al proceso de paz. La JEP aparece entre las instituciones cuya eliminación se plantea, lo que constituye uno de los puntos más sensibles de la iniciativa, dada su naturaleza judicial transicional.
El anuncio se produce en un contexto electoral en el que las políticas de paz y seguridad ocupan un lugar central en la agenda pública. Diversos sectores políticos y académicos han discutido durante los últimos años el alcance del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, así como el papel de los organismos creados para su implementación, entre ellos la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida como un tribunal encargado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado. Su creación respondió a un compromiso derivado de los acuerdos de La Habana, y desde su puesta en marcha ha sido escenario de procesos contra excombatientes, mandos militares y terceros civiles.
De concretarse la supresión de la JEP, los procesos en curso quedarían en un limbo jurídico, pues se trata de una entidad con competencia sobre hechos específicos del conflicto y con un marco normativo propio. Expertos en justicia transicional han señalado en distintas ocasiones que cualquier modificación sustancial requiere reformas legales de alto nivel y, en algunos casos, decisiones de orden constitucional.
La propuesta también incluye a las llamadas agencias de paz, un conjunto de entidades que participan en la implementación de los puntos del Acuerdo relacionados con reincorporación, víctimas, desarrollo rural y sustitución de cultivos. Estas instituciones han enfrentado críticas por la lentitud en la ejecución de programas y por los niveles de violencia que han afectado a excombatientes en proceso de reincorporación.
Para los defensores del proceso de paz, eliminar estas entidades pondría en riesgo la reintegración de miles de personas que dejaron las armas y la atención a millones de víctimas registradas en el país. Para los sectores que cuestionan los acuerdos, en cambio, el modelo actual ha mostrado resultados insuficientes en materia de seguridad y de reparación efectiva.
El traslado de funciones a una entidad con perfil de seguridad implica, según la lectura de la propuesta, un viraje en la política pública: las tareas de reintegración, búsqueda de desaparecidos y acompañamiento a víctimas quedarían supeditadas a una lógica de orden público. Este giro ha generado preguntas sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos y justicia transicional.
En el plano institucional, la iniciativa abre un debate sobre la separación de funciones entre la justicia transicional, las Fuerzas Militares y la Policía. Mezclar competencias de investigación penal con funciones de seguridad podría tener efectos en las garantías procesales de los comparecientes ante la JEP y en la protección de víctimas y testigos, según han advertido organizaciones de derechos humanos en escenarios anteriores.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre qué modelo de Estado debe abordar las consecuencias del conflicto armado interno. Sectores académicos y políticos han planteado alternativas que van desde el fortalecimiento de la JEP hasta la creación de mecanismos complementarios de reparación. La decisión final dependerá del Congreso, de los tribunales competentes y del rumbo que tome la próxima administración en la materia.
Por ahora, la propuesta quedó planteada como una intención de campaña. Falta conocer el articulado concreto, la ruta legislativa y los eventuales ajustes que el equipo del candidato presente en las semanas siguientes. La reacción de organismos internacionales, de la Corte Constitucional y de las víctimas será determinante para evaluar la viabilidad de la iniciativa.