El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón contra campamentos empleados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño en el departamento de Guaviare. El reporte oficial habla de ocho personas muertas en el operativo, a quienes el Gobierno denomina “terroristas”, y del decomiso de armas y otros elementos de uso militar.
El Bloque Jorge Suárez Briceño es una de las disidencias que permanecen activas tras el proceso de paz con las antiguas FARC. Su zona de influencia se concentra en departamentos del sur y oriente colombiano, donde ha sido señalado de coordinar economías ilegales, hostigamientos a la Fuerza Pública y restricciones a la población civil.
De acuerdo con el extracto publicado por NTN24, el presidente aseguró que la acción golpeó directamente los campamentos utilizados por esa estructura. El comunicado oficial incluye el reporte de armamento decomisado, un dato relevante porque las disidencias dependen de esas dotaciones para sostener el control territorial y financiar sus actividades.
Guaviare es uno de los departamentos donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada y donde la confrontación armada con grupos ilegales ha marcado la vida de comunidades rurales. Las operaciones de gran escala en esa zona suelen tener impacto tanto en la seguridad como en la movilidad de la población civil que habita cerca de los campamentos.
En su intervención, el presidente no presentó detalles adicionales sobre el procedimiento, las bajas del lado de la Fuerza Pública ni el lugar exacto dentro del Guaviare donde se desarrollaron los combates. La opacidad sobre estos puntos suele abrir interrogantes entre organizaciones de derechos humanos y periodistas que verifican las versiones oficiales.
El Bloque Jorge Suárez Briceño ha sido objeto de operaciones militares sostenidas en los últimos años, con resultados que el Gobierno presenta como golpes estratégicos y que los grupos armados, por su parte, suelen minimizar en sus comunicaciones internas. La diferencia entre ambas narrativas es una constante en el conflicto colombiano.
El anuncio se enmarca en la política de seguridad que el Gobierno ha presentado como prioritaria, enfocada en debilitar las estructuras armadas que se reagruparon tras los acuerdos de paz. Sectores sociales y académicos han pedido que esas operaciones incluyan estrategias de protección a líderes comunitarios y medidas de verificación independiente de los resultados.
Por ahora, la información oficial se limita al reporte presidencial recogido por NTN24. Queda pendiente la confirmación de cifras por parte del Ministerio de Defensa y los partes militares formales, así como posibles reacciones de la estructura armada afectada y de organismos nacionales e internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en la región.
La ciudadanía del Guaviare y de zonas vecinas sigue siendo la más afectada por este tipo de confrontaciones, tanto en materia de seguridad como de acceso a servicios básicos. Las operaciones militares, cuando se ejecutan sin acompañamiento institucional, suelen profundizar el abandono y la vulnerabilidad de las comunidades rurales.