El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de un integrante de la estructura que lidera Iván Mordisco, considerado uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz de 2016. El anuncio se produjo en declaraciones recogidas por la Revista Semana, donde el mandatario sostuvo que la ofensiva militar y policial contra ese grupo armado seguirá sin pausas.
De La Espriella fue directo al fijar el objetivo de su política de seguridad en este frente: llevar a Mordisco ante la justicia. “Una orden clara”, repitió el presidente, en un mensaje que busca transmitir determinación frente a uno de los grupos armados que más golpea a la población civil en zonas del suroccidente y la Amazonia colombiana.
Iván Mordisco es señalado por las autoridades como el máximo responsable de las disidencias conocidas como Estado Mayor Central, una fracción que se apartó del acuerdo de La Habana y que ha mantenido presencia en departamentos como Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Sobre él pesan acusaciones por narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado y atentados contra la Fuerza Pública.
La captura anunciada se inscribe en una estrategia que el Gobierno viene desarrollando desde el inicio de la actual administración, enfocada en golpear las economías ilícitas y los mandos medios de los grupos armados organizados. En las últimas semanas se han reportado operaciones en varias regiones donde estas estructuras mantienen control territorial.
Para los ciudadanos, el impacto de estas acciones se mide en la reducción de acciones violentas en sus municipios, en la mejora de la seguridad en corredores viales y en la protección de líderes sociales y excombatientes. Sin embargo, analistas y organismos de derechos humanos suelen recordar que la sostenibilidad de los resultados depende de la articulación con las comunidades y de la presencia integral del Estado en los territorios.
Desde el punto de vista institucional, la noticia refuerza el papel de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como ejecutores de la política de seguridad del Gobierno. La captura de un integrante de la red de Mordisco suele ir acompañada de procesos judiciales en la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en la judicialización del detenido.
Sectores políticos de oposición han pedido en otras ocasiones que estas capturas se traduzcan en sentencias firmes y no queden en la impunidad. También han solicitado que se informen con transparencia los nombres de los capturados, las zonas de operación y los indicios que sustentan las acusaciones, para evitar señalamientos sin base.
El Gobierno, por su parte, ha enmarcado estas operaciones dentro de una política más amplia llamada “paz total” y sus ajustes, que combina negociación con grupos que demuestren voluntad de diálogo y presión militar contra los que persisten en la violencia. La persecución de Mordisco se ubica en este segundo eje.
Queda pendiente confirmar oficialmente, por parte del Ministerio de Defensa o la Policía, la identidad del capturado, el lugar exacto de la operación y los cargos que se le imputan. También se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los procesos judiciales que se desprendan de esta captura.
La declaración presidencial deja un mensaje político claro: la administración no contempla un escenario de diálogo con Iván Mordisco mientras continúe al frente de acciones armadas. Para los habitantes de las zonas bajo su influencia, la expectativa es que los operativos conduzcan a una mejora real de las condiciones de seguridad y a la desarticulación efectiva de la estructura criminal.