El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que el próximo 7 de agosto, fecha de su posesión, su gobierno iniciará el desmontaje de la política de Paz Total, la estrategia de negociaciones simultáneas con grupos armados y organizaciones criminales impulsada desde 2022. Según el reporte de Opinion Caribe, la decisión fue comunicada por el propio De La Espriella a menos de un mes de asumir la Presidencia de la República.
Como parte del mismo anuncio, el mandatario electo informó que las funciones que hoy cumple la Unidad de Implementación del Acuerdo Final (UNIPEP), organismo encargado de hacer seguimiento a los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC, serán trasladadas al Comisionado Nacional de Seguridad. Esta figura concentrará el seguimiento a los acuerdos firmados y, al mismo tiempo, la coordinación de la estrategia de seguridad del Estado.
La Paz Total fue uno de los ejes centrales del gobierno de Gustavo Petro. Bajo esa bandera se abrieron mesas de diálogo con el ELN, con disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y con estructuras narcotraficantes como el Clan del Golfo, en algunos casos bajo la figura de sometimiento a la justicia. El propio gobierno reconoció resultados limitados en varias de esas mesas y un aumento de la violencia en zonas estratégicas del país.
De La Espriella también anunció una revisión de las estructuras creadas al amparo de la Paz Total. Esto incluye los espacios de conversación, los esquemas de seguridad para negociadores y los programas dirigidos a comunidades en zonas de conflicto. El objetivo, según declaró, es reorientar esos recursos hacia una estrategia centrada en la fuerza pública y la protección de la población.
La seguridad fue declarada por el presidente electo como la prioridad de su gobierno. En su anuncio vinculó el desmontaje de la Paz Total con el combate a organizaciones armadas, el narcotráfico y la extorsión, flagelos que afectan especialmente a regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Cauca y el bajo Cauca antioqueño, donde la presencia de grupos ilegales se ha intensificado en los últimos años.
El traslado de funciones de la UNIPEP al Comisionado Nacional de Seguridad implica un cambio institucional relevante. La Unidad, creada en 2017, tiene a su cargo la verificación técnica de la implementación de los 578 compromisos del Acuerdo Final, incluyendo la reforma rural integral, la participación política de excombatientes y la garantía de derechos a las víctimas. Su fusión con un despacho de seguridad plantea interrogantes sobre la continuidad del seguimiento a esos compromisos.
Sectores defensores del Acuerdo de Paz han expresado en distintas oportunidades su preocupación por cualquier modificación que afecte los organismos de implementación. Para ellos, la transformación de la UNIPEP podría debilitar la verificación independiente de lo pactado con las FARC y poner en riesgo la reincorporación de los más de 13.000 excombatientes que permanecen en proceso de transición.
Por su parte, voces vinculadas a las fuerzas de seguridad y a gremios económicos han reclamado durante los últimos años mayor contundencia contra los grupos armados y han cuestionado la efectividad de las mesas de diálogo. Para estos sectores, la decisión anunciada por De La Espriella representa un giro hacia una política de mano firme que, sostienen, era necesaria ante el deterioro de los indicadores de orden público.
Entre los retos inmediatos del nuevo gobierno estarán la definición del nuevo equipo del Comisionado Nacional de Seguridad, la transición administrativa de la UNIPEP y la comunicación oficial a las organizaciones armadas que actualmente participan en mesas de diálogo o en procesos de sometimiento. La forma en que se ejecuten esos pasos será determinante para la lectura política del primer mes de mandato.