El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que su gobierno realizará un censo nacional destinado a identificar las escuelas que se encuentran abandonadas o en condiciones de deterioro en Colombia. La declaración marca una de las primeras líneas de acción concretas en materia educativa de cara al inicio de su mandato.
Según lo expresado por el presidente electo, el censo no se ejecutará como una tarea aislada del orden nacional, sino que contempla la articulación con las administraciones regionales, las comunidades organizadas y el sector privado. El objetivo declarado es construir un diagnóstico detallado que permita priorizar intervenciones y asignar recursos de manera focalizada.
La infraestructura escolar es un tema recurrente en la agenda pública colombiana. A lo largo de las últimas décadas, distintas administraciones han señalado la existencia de miles de sedes educativas con problemas de cubierta, aulas cerradas, falta de saneamiento o sin conectividad, aunque las cifras consolidadas varían según la fuente y el momento del reporte. Un levantamiento de información actualizado es, en ese contexto, un insumo que distintos sectores venían reclamando.
El Ministerio de Educación y las secretarías de educación departamentales y municipales son, por diseño institucional, los responsables de mantener el registro de la infraestructura oficial. El anuncio del presidente electo plantea la realización de un censo paralelo o complementario a esos registros, con énfasis en aquellas sedes que llevan años sin operación o en estado de abandono evidente.
Para las comunidades rurales, donde suele concentrarse un número significativo de escuelas cerradas o subutilizadas, la promesa de un levantamiento específico cobra relevancia práctica. Identificar qué plantas físicas existen, en qué condiciones están y a qué población podrían servir es el primer paso para pensar en programas de retorno escolar, ampliación de cobertura o reconversión de espacios en articulación con las juntas de acción comunal y las alcaldías.
El componente de participación del sector privado introduce un esquema de cofinanciación que ya se ha usado en otras experiencias de infraestructura educativa en el país, mediante alianzas público-privadas o donaciones condicionadas. Resta por conocer los mecanismos concretos que se emplearán, los criterios de selección de los predios y la metodología del censo, aspectos que el presidente electo no detalló en su anuncio inicial.
La articulación con gobernaciones y alcaldías resulta determinante para el éxito del levantamiento. Colombia tiene más de mil municipios y la cobertura educativa oficial se extiende por decenas de miles de sedes. Sin un compromiso operativo de los entes territoriales, un censo de esta naturaleza corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo, como ha ocurrido con otros inventarios anunciados en el pasado.
El anuncio se inscribe en la fase de transición de gobierno, período en el que los presidentes electos suelen presentar las líneas gruesas de su programa y designar equipos de empalme. La mención específica al sector privado y a las comunidades sugiere que la estrategia se apoyará en instancias ya existentes, como los comités de infraestructura educativa o los planes de desarrollo territorial.
Quedan pendientes varios puntos sobre los que se espera información en las próximas semanas: la fecha de inicio del censo, la entidad que liderará el operativo, el presupuesto estimado, los criterios técnicos para definir qué es una escuela abandonada y cómo se articularán los resultados con los planes de inversión en infraestructura del próximo cuatrienio.