El presidente electo Abelardo de la Espriella pronunció el 20 de Julio un discurso en el que fijó como ejes centrales de su gobierno el combate frontal a los grupos armados ilegales. Según la fuente, el mandatario aseguró que en su administración "volverán las fumigaciones y los bombardeos", dos herramientas del repertorio militar y antinarcóticos que han tenido usos y restricciones distintos a lo largo de las últimas décadas.
De la Espriella lanzó, además, fuertes críticas a la administración saliente y señaló que su llegada al poder marcará un "cambio radical" en el manejo del orden público. La referencia apunta directamente a las políticas de seguridad y lucha antidrogas vigentes y a la decisión de suspender o no renovar ciertas prácticas, que el presidente electo atribuye a la falta de resultados.
Las fumigaciones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015 tras una orden de la Corte Constitucional, que condicionó su regreso a un estudio de impacto ambiental y sanitario. Desde entonces, el Gobierno había explorado mecanismos de erradicación manual y programas de sustitución voluntaria de cultivos, con resultados debatidos en distintas regiones del país.
Los bombardeos a campamentos de grupos armados y estructuras criminales, por su parte, se han mantenido como una herramienta operacional de las Fuerzas Militares, aunque su continuidad ha variado según la política de cada administración. De la Espriella los incluye ahora como un eje explícito de su estrategia.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene implicaciones directas. En zonas rurales históricamente afectadas por cultivos de uso ilícito, la retomada de fumigaciones aéreas podría reactivar el debate sobre los riesgos ambientales y sanitarios para comunidades campesinas e indígenas. En materia de orden público, la promesa de más bombardeos suele asociarse con presiones militares sobre estructuras que operan en regiones específicas del país.
Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos han cuestionado de manera recurrente las fumigaciones aéreas y los bombardeos por sus efectos colaterales en la población civil. A favor, Gobiernos y fuerzas armadas han argumentado que estas operaciones golpean las finanzas y el poderío de las organizaciones ilegales. El gobierno entrante deberá definir los alcances, protocolos y zonas donde se aplicarían.
La declaración se da en el marco de la alocución del 20 de Julio, fecha en la que se conmemora la independencia de Colombia y en la que presidentes electos suelen delinear prioridades. Hasta ahora no se han detallado los mecanismos jurídicos con los que se reactivarían las fumigaciones ni la frecuencia de los bombardeos.
Queda pendiente conocer los decretos, acuerdos y protocolos que desarrollará el nuevo gobierno para cumplir el anunciado giro en la política de seguridad y antinarcóticos, así como las reacciones oficiales de las Fuerzas Militares, los organismos de control y los gremios afectados.
La fuente MiOriente, medio regional del Oriente antioqueño, registró el discurso y es la base de la información contenida en este artículo. Cualquier ampliación sobre cifras, fechas de implementación o normas específicas corresponde a pronunciamientos oficiales posteriores.