El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno brindará acompañamiento legal a los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados a Florida, Estados Unidos, para responder ante la justicia norteamericana por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La información fue publicada por Infobae, que recogió las declaraciones del mandatario.
De acuerdo con la fuente, los exintegrantes de las Fuerzas Militares colombianas deberán comparecer ante tribunales de Estados Unidos dentro de la investigación por el magnicidio ocurrido en julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado en su residencia en Puerto Príncipe. El caso sacudió a la comunidad internacional y abrió un extenso proceso judicial que ha involucrado a ciudadanos de varios países.
Durante su anuncio, el presidente De la Espriella empleó la frase “no pueden pagar justos por pecadores” para justificar el apoyo jurídico. Con esa expresión, el jefe de Estado señaló que el gobierno colombiano no dejará a los connacionales sin defensa en un proceso penal que se adelanta en el extranjero.
El magnicidio de Jovenel Moïse se convirtió en uno de los episodios más sensibles de la crisis haitiana. Desde entonces, varias investigaciones han apuntado a la participación de colombianos en distintos roles dentro del operativo que terminó con la muerte del mandatario. Algunos de los detenidos en los últimos años han declarado en distintas instancias sobre las circunstancias en las que fueron contactados y la información que recibieron antes del hecho.
La decisión del gobierno colombiano de ofrecer asistencia jurídica implica que el Estado asumirá un rol activo en la defensa de los exmilitares mientras avanza el proceso en territorio estadounidense. Este tipo de acompañamiento suele coordinarse a través de la Cancillería y de la Defensoría del Pueblo, que tienen competencia sobre la atención a colombianos privados de la libertad en el exterior.
El traslado de los 17 soldados a Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la colaboración judicial entre Colombia y Norteamérica para esclarecer lo ocurrido en Haití. Las autoridades estadounidenses han sostenido que la investigación apunta a desarticular una red transnacional que habría planeado y ejecutado el ataque contra el presidente Moïse.
Para los exmilitares, el proceso en Florida puede traducirse en años de litigio y eventuales condenas si son hallados responsables. Sus familias han reclamado en distintas oportunidades mayor acompañamiento del gobierno colombiano, al considerar que algunos de los reclutados viajaron al vecino país sin conocer la verdadera naturaleza de la misión que les fue encomendada.
La postura del presidente De la Espriella abre un frente diplomático con Estados Unidos y con Haití, donde el caso sigue siendo una herida abierta. El gobierno haitiano ha reclamado avances en la identificación de los autores materiales e intelectuales, mientras la comunidad internacional ha pedido que el proceso judicial avance con las garantías debidas para los acusados.
Por ahora, el anuncio deja en manos de la Casa de Nariño y de los organismos de justicia colombianos la tarea de coordinar la defensa de los connacionales. Queda pendiente definir el alcance exacto del apoyo, los abogados que asumirán el caso y la estrategia legal que se seguirá en los tribunales de Estados Unidos.