El presidente Abelardo de la Espriella informó que su gobierno dará atención prioritaria al caso de Valeria Pérez Jaramillo, una joven de 29 años diagnosticada con cáncer de mama que denunció llevar más de tres meses esperando el tratamiento ordenado por su Entidad Promotora de Salud (EPS). La decisión se conoció luego de que la paciente hiciera pública su situación a través de medios de comunicación, según reportó Caracol Radio.
Según el reporte de Caracol Radio, Valeria reside en Cali y su caso refleja una de las problemáticas más sensibles del sistema de salud colombiano: la demora en la entrega de medicamentos y terapias incluidos en el plan de beneficios. Las EPS tienen la obligación legal de garantizar a sus afiliados el acceso oportuno a los servicios ordenados por el médico tratante, y los usuarios pueden acudir a mecanismos como la tutela para exigirlo.
Cuando una EPS no entrega un tratamiento ordenado dentro de los plazos establecidos, los pacientes pueden elevar solicitudes formales ante la propia entidad y, en caso de no obtener respuesta, interponer acciones de tutela. Los fallos de tutela en materia de salud suelen ordenar la entrega inmediata del servicio o tratamiento requerido, bajo seguimiento de las autoridades judiciales.
El anuncio del presidente sitúa el caso en la agenda de más alto nivel del Estado. Aunque la gestión directa de la atención individual corresponde a la EPS, al prestador y a la Superintendencia Nacional de Salud, el pronunciamiento presidencial puede acelerar los trámites administrativos y el cumplimiento de la orden médica pendiente para Valeria.
La joven lleva más de tres meses sin acceder a la terapia indicada, un periodo crítico en el tratamiento del cáncer de mama, donde la continuidad y la oportunidad de las intervenciones influyen directamente en el pronóstico. La interrupción de tratamientos oncológicos por barreras administrativas es una queja recurrente entre los usuarios del sistema de salud en Colombia.
La situación también reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta de las EPS frente a enfermedades de alto costo. Tanto pacientes como organizaciones de pacientes han señalado en el pasado que los trámites para autorizaciones, los picos y los recobros al sistema generan demoras que afectan la adherencia a los tratamientos.
Con el anuncio presidencial, se espera que en los próximos días se conozca un reporte oficial sobre el estado de Valeria y las gestiones adelantadas para que reciba la atención requerida. El caso queda como un indicador de cómo el gobierno nacional pretende responder a las denuncias individuales de los usuarios frente al sistema de salud.
Para los ciudadanos, el episodio pone de relieve la importancia de conocer los mecanismos de protección del derecho a la salud: las peticiones ante la EPS, las quejas ante la Supersalud y, en último término, la acción de tutela como herramienta constitucional para exigir la atención.