El presidente Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que giró instrucciones a los ministerios de Defensa y Justicia para que acompañen a los exmilitares colombianos que enfrentan un proceso judicial en el extranjero por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La declaración la recogió el medio NTN24.
Según la información divulgada por el Gobierno, el acompañamiento busca garantizar que los connacionales tengan representación legal durante el proceso que se adelanta en jurisdicción haitiana, donde un grupo de aproximadamente una veintena de colombianos ha sido señalado de participar en el operativo que terminó con la muerte del jefe de Estado.
En su declaración, el mandatario expresó: "No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes", una frase que enmarca la decisión dentro de un compromiso de respaldo institucional a los miembros de la Fuerza Pública que enfrentan investigaciones en el exterior, de acuerdo con el extracto citado por NTN24.
El caso del magnicidio de Moïse se ha extendido por varios años y ha involucrado a ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos colombianos reclutados como supuestos integrantes de una misión de seguridad privada. Las autoridades haitianas y la justicia internacional han seguido causas contra varios de los implicados por su presunta participación en la operación armada que irrumpió en la residencia presidencial en Puerto Príncipe.
La decisión del Gobierno colombiano se inscribe en una línea de protección a uniformados en servicio o retirados que enfrentan procesos fuera del país. Distintos gobiernos anteriores han brindado asistencia consular a connacionales procesados en el extranjero, un mecanismo contemplado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece el derecho de los Estados a asistir a sus ciudadanos detenidos o procesados en otros países.
Para los familiares de los exmilitares detenidos, la noticia representa un cambio frente a años de gestiones individuales y recursos legales privados. La intervención directa de dos ministerios del Estado colombiano podría traducirse en la contratación o coordinación de abogados, el seguimiento del expediente y la presencia de funcionarios en las audiencias que se celebren en Haití, según lo que se desprende del anuncio presidencial.
La investigación en Haití ha tenido tropiezos logísticos por la crisis de seguridad y la fragilidad institucional del país caribeño, lo que ha retrasado las audiencias y dificultado el acceso de la defensa a los detenidos. Organismos internacionales han cuestionado las condiciones del proceso y la cadena de custodia de las pruebas recopiladas por la Policía haitiana tras el magnicidio.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la asistencia que ofrece el Estado colombiano no sustituye la defensa particular ni implica el reconocimiento de inocencia o culpabilidad de los acusados. El papel del Gobierno se limita a facilitar el acceso a la justicia, velar por condiciones dignas de detención y verificar que se respeten las garantías del debido proceso, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Queda por conocer el alcance operativo de la instrucción presidencial. El Ministerio de Justicia deberá precisar si el acompañamiento incluye la asignación de un equipo legal financiado con recursos públicos y si se solicitará la repatriación de los connacionales para que cumplan eventuales condenas en Colombia, una posibilidad prevista en acuerdos bilaterales cuando los Estados involucrados comparten vínculos diplomáticos activos.
La opinión pública colombiana ha reaccionado de manera dividida al anuncio. Sectores cercanos a la Fuerza Pública valoraron la decisión como un reconocimiento a hombres que, en su criterio, actuaron bajo órdenes de contratistas privados. Otros sectores han pedido transparencia sobre las circunstancias del reclutamiento y han reclamado que la justicia haitiana avance sin injerencias externas.