El presidente Abelardo de la Espriella habló ante integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía para presentar las líneas centrales de su política de seguridad. Según el anuncio, la recuperación del orden será una prioridad de su gobierno y se apoyará en dos instrumentos principales: un listado de grupos narcoterroristas y la construcción de megacárceles, según reportó la cuenta oficial de Instagram del presidente.
La idea de un listado de organizaciones narcoterroristas no es nueva en el debate colombiano. En distintos momentos, gobiernos y analistas han propuesto identificar con claridad a los grupos armados que combinan narcotráfico y actividad terrorista, con el fin de focalizar la acción del Estado. El anuncio retoma esa discusión y la sitúa como una de las primeras tareas del nuevo gobierno en materia de orden público.
Las megacárceles, por su parte, hacen referencia a establecimientos de reclusión de gran capacidad pensados para concentrar en un solo lugar a internos de alta peligrosidad. Este tipo de infraestructura se ha planteado en otros países de la región como respuesta al hacinamiento carcelario y a la coordinación de actividades delictivas desde las prisiones. En Colombia, el tema ha generado debate por sus implicaciones en derechos humanos y en la capacidad operativa del sistema penitenciario.
El anuncio se produjo en un escenario compuesto por uniformados, lo que sugiere que la Fuerza Pública será un actor central en la ejecución de la estrategia. La presencia de militares y policías en el acto busca enviar un mensaje de respaldo institucional a las medidas anunciadas y de cohesión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas.
Para la ciudadanía, las decisiones anunciadas pueden tener efectos directos en la percepción de seguridad en los territorios más afectados por la violencia y el narcotráfico. Las comunidades que conviven con la presencia de grupos armados serán observadoras privilegiadas de cómo se traduce el listado en acciones concretas y de cómo avanzan los proyectos de infraestructura carcelaria.
La estrategia también plantea desafíos logísticos y jurídicos. Construir megacárceles exige estudios de impacto ambiental, licitaciones, diseños técnicos y coordinación con las autoridades locales donde se ubiquen. Además, recluir en ellas a criminales requerirá procesos judiciales ágiles y respetuosos del debido proceso, un aspecto que distintos sectores suelen vigilar de cerca.
Otro punto sensible es el uso del término narcoterrorista, que en Colombia ha sido objeto de debate. Organismos de derechos humanos y expertos en Derecho Internacional Humanitario han señalado que la calificación de un grupo como terrorista debe sustentarse en criterios técnicos y no solo políticos. Por eso, el modo en que se elabore el listado será clave para su legitimidad.
Quedan varias tareas pendientes: definir los criterios para incluir organizaciones en el listado, estimar el número y ubicación de las megacárceles, establecer plazos y, sobre todo, articular la estrategia con la Fiscalía, la Rama Judicial y los ministerios competentes. También será determinante la coordinación congobernadores y alcaldes, especialmente en regiones donde la presencia del Estado es limitada.
En las próximas semanas se espera que el gobierno entregue detalles adicionales sobre estos anuncios, incluyendo los responsables de cada frente, el cronograma de ejecución y la fuente de los recursos. La ciudadanía y los organismos de control estarán atentos a la coherencia entre lo prometido y lo implementado, según el extracto publicado en la cuenta oficial de Instagram del presidente.