El pronunciamiento del Cesed llega después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara operativos para identificar y deportar a migrantes en condición irregular en Colombia. El centro de pensamiento de la Universidad de los Andes respondió con una recomendación pública: que cualquier decisión en esa materia se sustente en evidencia y no en percepciones sobre la relación entre migración y criminalidad.
Cesed es uno de los grupos de investigación más citados del país en temas de seguridad, drogas, política criminal y migración. Funciona dentro de la Universidad de los Andes y reúne académicos que producen análisis cuantitativos sobre violencia, narcotráfico y dinámicas fronterizas. Por esa trayectoria, sus pronunciamientos suelen ser referencia obligada en el debate público sobre política criminal.
El centro recordó que la literatura internacional y los datos disponibles muestran una asociación débil entre flujos migratorios y aumento de los delitos comunes. Esa diferencia entre lo que arrojan los estudios y lo que percibe la opinión pública es, justamente, el punto que el Cesed pidió poner sobre la mesa antes de tomar decisiones de gran alcance.
Desde el Gobierno, el presidente De la Espriella enmarcó los operativos como una medida para fortalecer la seguridad ciudadana y atender lo que su administración considera una presión migratoria fuera de control. La vocería oficial ha vinculado la presencia de migrantes irregulares con hechos de inseguridad en varias ciudades y zonas fronterizas, una lectura que el Cesed cuestiona con sus argumentos técnicos.
La discusión ocurre en un país que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y que, según reportes oficiales y de organismos internacionales, ha recibido un volumen significativo de población venezolana en los últimos años. Esa realidad hace que cualquier política migratoria tenga efectos directos sobre el acceso a servicios de salud, educación y trabajo formal en municipios receptores.
La recomendación del Cesed incluye explorar rutas de regularización, en línea con experiencias de otros países de la región. Brasil, Chile y Perú han implementado procesos de regularización temporal o definitiva para migrantes venezolanos en distintos momentos, con resultados mixtos que los propios gobiernos han evaluado en sus balances de política migratoria.
Para los ciudadanos, el debate tiene efectos prácticos. Si las deportaciones masivas avanzan, las comunidades de origen venezolano pueden verse expuestas a retornos sin acompañamiento consular, lo que aumenta el riesgo de separación de familias y de desprotección de menores escolarizados. Si, en cambio, predomina la vía de la regularización, se abren opciones de acceso a contratos formales, aportes a seguridad social y trazabilidad para las autoridades.
En el plano institucional, el choque pone en tensión dos lógicas. Por un lado, la demanda política de acciones visibles contra la criminalidad. Por el otro, la solicitud de la academia de basar esas acciones en evidencia y en derecho internacional. El resultado de esa tensión marcará el tono de la política migratoria y de seguridad durante el resto del mandato de De la Espriella.
Queda pendiente conocer la reacción del Gobierno al llamado del Cesed, así como los protocolos que se aplicarán en los próximos operativos. Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han pedido, en pronunciamientos anteriores, que cualquier proceso de deportación respete el debido proceso, la no devolución y los principios de no discriminación. La convergencia o el desencuentro entre esas voces y las del Gobierno será clave en las próximas semanas.