El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el subsidio que entrega el programa Colombia Mayor ascenderá a 400 mil pesos mensuales, un aumento frente al monto que se venía entregando. Según el extracto de la noticia, el mandatario aseguró que esta es una de las primeras medidas en materia social de su gobierno, dirigida a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.
De La Espriella también lanzó una alerta sobre la situación financiera del programa. Aseguró que existe un desfinanciamiento que compromete los próximos pagos a los beneficiarios, lo que obligaría a buscar recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación o mediante otras fuentes de financiación para garantizar la continuidad de los giros.
Colombia Mayor es un programa de transferencias condicionadas del Estado colombiano, administrado históricamente por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Está dirigido a personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad extrema y que no cuentan con una pensión. El beneficio se entrega de manera periódica y opera como un apoyo económico directo para complementar el ingreso de los hogares beneficiarios.
El anuncio de un incremento en el valor del subsidio se produce en un contexto de discusión recurrente sobre el ajuste de los programas de asistencia social en Colombia. En los últimos años, distintos gobiernos han evaluado la posibilidad de aumentar los montos de las transferencias, tomando en consideración factores como el costo de vida y la línea de pobreza. La decisión del presidente electo marca un giro en esa dirección, aunque aún está pendiente su implementación formal.
La advertencia sobre el desfinanciamiento del programa abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal de la política social. Expertos en finanzas públicas suelen señalar que los programas de transferencias requieren fuentes de ingreso estables, como impuestos o asignaciones presupuestales específicas, para evitar interrupciones en los pagos. La alerta del presidente electo sugiere que el nuevo gobierno deberá identificar de dónde saldrán los recursos para cubrir tanto el aumento como el déficit existente.
Para los cerca de 1,7 millones de adultos mayores que, según registros históricos del programa, reciben el beneficio de Colombia Mayor, el anuncio tiene una relevancia directa. Un aumento del monto mensual implicaría un mayor alivio para los hogares que dependen de este ingreso, en especial en zonas rurales y municipios con altos índices de pobreza. La continuidad y oportunidad de los pagos es, además, un factor determinante para la calidad de vida de esta población.
El programa Colombia Mayor también se articula con otras estrategias de protección social, como las transferencias del régimen subsidiado de salud y los beneficios del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBÉN). Un ajuste en su monto puede influir en las condiciones de acceso a otros beneficios complementarios, dado que algunos subsidios se calculan con base en la situación socioeconómica del hogar.
Desde el Congreso y distintos sectores políticos se han pronunciado en el pasado sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a la población adulta mayor. Con el anuncio del presidente electo, queda sobre la mesa la tarea de tramitar las partidas correspondientes y de definir la fuente de los recursos. El Ministerio de Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social tendrán un papel clave en la materialización del aumento.
Quedan varios pendientes tras el anuncio. Primero, se requiere conocer la fecha exacta en que regiría el nuevo monto de 400 mil pesos. Segundo, es necesario aclarar cómo se cubrirá el desfinanciamiento señalado por el presidente electo. Y tercero, falta precisar si el aumento será universal para todos los beneficiarios o si se aplicará de manera gradual. Estos puntos deberán definirse en las próximas semanas, una vez se produzca el inicio formal del gobierno.
Por ahora, el anuncio constituye un compromiso público del presidente electo con uno de los programas sociales más visibles del país. La población beneficiaria, así como los operadores del programa en los municipios, estarán atentos a los actos administrativos y decretos que formalicen el nuevo monto y garanticen la sostenibilidad de los pagos en lo que resta del año.