El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cerró tres procesos que se venían adelantado bajo la política de Paz Total, la estrategia de negociación con grupos armados y organizaciones criminales que había sido impulsada por su antecesor, Gustavo Petro. La información fue publicada por el portal Asuntos Legales, que detalla el argumento oficial detrás de la decisión.
De acuerdo con el reporte, la Administración fundamentó el cierre en que las estructuras armadas involucradas en esos procesos no demostraron una voluntad real de abandonar la violencia. Con ese argumento, el Ejecutivo dio por terminadas las mesas que estaban abiertas y que hacían parte de la arquitectura de diálogos heredada del gobierno anterior.
La Paz Total fue la apuesta central del gobierno de Petro para intentar reducir la violencia en el país mediante conversaciones simultáneas con distintos grupos, incluyendo organizaciones paramilitares, disidencias de las FARC y bandas delincuenciales. La política contemplaba distintos caminos: sometimiento a la justicia, diálogos con grupos armados y acogimiento a la justicia ordinaria, dependiendo de la naturaleza de cada estructura.
El cierre de tres de estos procesos marca un giro en la estrategia de seguridad y paz del Estado colombiano. Para el Gobierno de De la Espriella, la falta de voluntad demostrada por los grupos armados es razón suficiente para suspender los acercamientos. La decisión se produce en un contexto de revisión general de las mesas que estaban en marcha y de las condiciones bajo las cuales se adelantaban.
Para la ciudadanía, el cierre implica que las comunidades que esperaban beneficios derivados de los acuerdos, como desmovilización, desminado humanitario o sustitución de economías ilegales, quedan a la espera de una redefinición de la política. En varias regiones del país, los procesos de Paz Total habían generado expectativas entre comunidades y líderes sociales, que veían en la negociación una vía para reducir la presencia armada en sus territorios.
Sectores políticos y analistas venían cuestionado los avances de las distintas mesas, señalando que varias estructuras aprovechaban las conversaciones para reorganizarse o expandir su control territorial. El Ejecutivo, al cerrar los procesos, asume esa crítica y la traduce en una decisión concreta, aunque todavía no se conocen los detalles específicos de cuáles fueron las tres mesas afectadas ni los grupos involucrados en cada una.
Entre lo que queda pendiente está la publicación oficial del decreto o resolución que formaliza el cierre, la identificación precisa de las estructuras afectadas y el pronunciamiento de las organizaciones que participaban en los diálogos. También está por verse si las mesas cerradas se reabren bajo nuevas condiciones o si la estrategia de seguridad del Gobierno se enfocará por completo en la vía de la fuerza y la justicia ordinaria, dejando atrás el modelo de negociación simultánea.
La Paz Total atravesó durante su ejecución episodios de congelamiento y crisis, con mesas que se levantaron y se reabrieron en distintas ocasiones. El cierre de tres procesos por parte del Gobierno de De la Espriella se suma a esa historia de altibajos y deja abierta la pregunta sobre cuál será el rumbo que tomará ahora la política de diálogo con los grupos armados en Colombia.