El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el terremoto registrado en Colombia deja hasta el momento 111 personas fallecidas, según informó Revista Semana. El mandatario también anunció que declarará emergencia nacional con el objetivo de activar los mecanismos extraordinarios del Estado para atender a los damnificados.
La declaratoria de emergencia nacional es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano para enfrentar catástrofes de gran magnitud. Permite agilizar el giro de recursos, facilitar la contratación de obras y bienes necesarios para la respuesta y articular a las entidades nacionales con los gobiernos departamentales y municipales en el terreno.
Colombia es un país con actividad sísmica constante por su ubicación sobre fallas geológicas activas y la interacción de placas tectónicas en la región andina y el Pacífico. Eventos de esta naturaleza han ocurrido a lo largo de la historia, lo que ha llevado al país a desarrollar protocolos de respuesta a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los terremotos en Colombia suelen afectar con mayor severidad a municipios pequeños y zonas rurales, donde las construcciones informales son más vulnerables. Esto significa que, además de las víctimas mortales, el balance preliminar suele incluir heridos, personas desaparecidas, viviendas colapsadas, daños en vías, acueductos, hospitales y escuelas, y comunidades que pierden acceso a servicios básicos.
La emergencia nacional le permite al Gobierno central disponer de partidas presupuestales adicionales, apoyar la logística de búsqueda y rescate y coordinar la llegada de ayuda humanitaria. También facilita la convocatoria de entidades como la Fuerza Pública, los bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja para las tareas de rescate y atención en salud.
En el terreno, las prioridades inmediatas después de un sismo de esta magnitud son la búsqueda de personas atrapadas, la atención médica de heridos, el suministro de agua potable, alimentos, alojamiento temporal y la evaluación técnica de las estructuras que quedaron en pie. Los gobiernos locales suelen necesitar apoyo del nivel nacional para levantar censos de damnificados y restablecer servicios.
Tras la confirmación de las víctimas y el anuncio de la emergencia, quedan pendientes varios frentes. Primero, el reporte oficial consolidado de afectados, que suele actualizarse en las horas y días siguientes al sismo a medida que los equipos de rescate acceden a las zonas más apartadas. Segundo, la expedición del decreto formal de emergencia y su implementación operativa.
También queda en la agenda el proceso de reconstrucción de la infraestructura dañada, que en sismos pasados en Colombia ha tardado meses e incluso años. Expertos en gestión del riesgo suelen insistir en que la fase posterior a la emergencia incluye reforzar los códigos de construcción y revisar los planes de ordenamiento territorial para reducir la vulnerabilidad futura.
La ciudadanía puede seguir las indicaciones oficiales a través de los canales del Gobierno nacional y de la UNGRD, que emiten recomendaciones sobre dónde reportar personas desaparecidas, cómo acceder a puntos de acopio de ayuda y qué zonas deben ser evacuadas por riesgo de réplicas o deslizamientos.