El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó un paquete de medidas destinado a contener el aumento de precios de bienes y servicios tras una emergencia natural que afectó al país, según informó Infobae. La declaración central del Mandatario es que los servicios de telecomunicaciones interrumpidos no podrán ser facturados a los usuarios mientras dure la suspensión.
De la Espriella fue directo al fijar el principio que guiará la actuación del Gobierno en esta contingencia. "No puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos", expresó el Presidente, según la fuente. Con esa frase, el jefe de Estado dejó claro que el Ejecutivo actuará contra los incrementos de precios que no tengan justificación frente a los costos reales.
La medida sobre telecomunicaciones tiene efectos prácticos inmediatos para millones de usuarios. Cuando una emergencia natural, como inundaciones, deslizamientos o sismos, daña la infraestructura de redes, los hogares y negocios quedan sin servicio durante horas o días, pero en muchos casos la facturación seguía corriendo con normalidad. La orden presidencial invierte esa lógica y traslada el costo de la interrupción al prestador del servicio, no al usuario final.
El paquete de medidas se enmarca en las facultades que la normatividad colombiana reconoce al Gobierno nacional para proteger a los consumidores en estados de excepción o ante situaciones que alteren el funcionamiento normal de la oferta de bienes. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) son las entidades encargadas de vigilar que empresas de telefonía, internet y televisión cumplan las reglas del sector, y estas decisiones del Ejecutivo suelen canalizarse a través de esas entidades.
El contexto de la emergencia explica la urgencia del anuncio. Las catástrofes naturales suelen disparar los precios de alimentos, transporte, materiales de construcción y servicios públicos, justo en los momentos en que las familias afectadas tienen menor capacidad de pago. Intervenir los precios de los servicios de telecomunicaciones busca proteger uno de los rubros más sensibles, porque la conectividad es hoy esencial para acceder a información sobre la emergencia, Reportar daños y comunicarse con familiares.
Según Infobae, el paquete incluye más decisiones además de la suspensión del cobro por días sin servicio. El Gobierno busca evitar que el desabastecimiento temporal y la urgencia de la población se traduzcan en alzas desmedidas de alimentos, combustibles y materiales de construcción en las zonas afectadas, aunque los detalles específicos de cada medida dependerán de los decretos y resoluciones que se expidan en los próximos días.
Para los usuarios, las implicaciones prácticas son concretas. Quienes hayan perdido el servicio de internet, telefonía móvil o televisión por cable durante la emergencia deberán revisar sus facturas y solicitar la devolución o el descuento de los días no disfrutados. Si las empresas cobran esos periodos, los afectados podrán presentar Quejas ante la SIC, la CRC o sus operadores, respaldados ahora por el pronunciamiento presidencial.
Quedan varios elementos por definirse en los próximos días. Falta conocer el alcance exacto del decreto o resolución que formalice la prohibición del cobro, la forma en que se calcularán los descuentos y el papel específico de la CRC en la fiscalización. También está pendiente la publicación del listado completo de medidas que integran el paquete anunciado por de la Espriella para frenar el alza generalizada de precios.