El presidente Abelardo de la Espriella firmó la declaratoria de insubsistencia de cinco embajadores acreditados en distintos países. La medida, reportada por Infobae, afecta a diplomáticos que, según la fuente, se habrían negado a presentar renuncia tras un llamado del nuevo gobierno.
Entre los funcionarios alcanzados por la decisión están Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, y Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití. Infobae no publicó en el extracto la identidad completa de los otros tres embajadores ni los países de destino.
En Colombia, la insubsistencia es una figura del derecho administrativo que permite a la autoridad nominadora separar del cargo a un funcionario de libre nombramiento y remoción, sin que medie un proceso disciplinario previo. Los embajadores y jefes de misión pertenecen a esa categoría, por lo que su retiro puede hacerse de manera discrecional por el presidente de la República.
El recurso a la insubsistencia suele emplearse cuando un funcionario de confianza decide no renunciar de forma voluntaria. En la práctica, el gobierno suele pedir primero la renuncia protocolaria y, si esta no se presenta, procede a expedir el decreto de insubsistencia con efectos inmediatos.
El hecho de que dos de las salidas correspondan a Suecia y Haití resulta relevante por el momento político y humanitario de ambas relaciones. Suecia es un socio tradicional de Colombia en cooperación, medio ambiente y desarrollo sostenible. Haití atraviesa una crisis multidimensional de seguridad, desplazamientos internos y gobernabilidad, y mantiene presencia de cooperación internacional.
La salida de los embajadores abre un período de encargadurías mientras se designan los nuevos titulares. En la mayoría de las representaciones, un funcionario de carrera asume como encargado de negocios ad interim hasta que el Ejecutivo envía la terna y se cumple el beneplácito del Estado receptor.
La figura de insubsistencia no genera, por sí misma, sanciones disciplinarias ni inhabitidades. Lo que produce es el retiro del cargo y la terminación de las funciones diplomáticas. El decreto correspondiente debe ser firmado por el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, y notificarse al interesado.
La decisión ocurre en un contexto de recomposición de la diplomacia colombiana tras el cambio de gobierno. Cada administración tiene la potestad de renovar los equipos en el exterior, y los nombramientos se realizan conforme al decreto que regula la carrera diplomática y consular.
Por ahora, Infobae no reportó reacciones oficiales de los embajadores ni de los gobiernos receptores. Tampoco se conocieron pronunciamientos del Congreso sobre la decisión, que es una facultad presidencial y no requiere votación en el Legislativo.