El presidente Abelardo de la Espriella anunció que derogará las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura que fue creada durante el gobierno de Gustavo Petro, según reportó La FM. El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se ordena el uso del suelo rural en Colombia.
Las APPA fueron concebidas como una herramienta para blindar terrenos de vocación agropecuaria frente a proyectos que pudieran competir con la producción de alimentos. Con su creación, el gobierno anterior buscaba proteger la seguridad alimentaria del país y limitar la expansión de actividades como la minería o la urbanización sobre tierras agrícolas estratégicas.
Desde su entrada en vigor, la figura ha generado debate entre distintos sectores. Defensores del instrumento sostienen que es necesario para evitar la pérdida de suelo fértil en un país con alta presión por proyectos extractivos y urbanísticos. Críticos, en cambio, cuestionan que las restricciones desincentivan la inversión privada en el campo y limitan derechos de propiedad sobre predios rurales.
La decisión de derogarlas se inscribe en la línea de revisión de políticas del gobierno Petro que la actual administración ha venido anunciado desde su llegada al poder. El Ejecutivo ha señalado que buena parte de la regulación ambiental y agropecuaria heredada requiere ajustes para dinamizar la economía y reducir trabas a los productores.
Para los agricultores y gremios del campo, la derogación podría significar un alivio frente a las limitaciones que hoy pesan sobre sus predios. Terrenos que antes estaban vedados para otros usos podrían recuperar flexibilidad, lo que cambiaría las decisiones de inversión y planificación de fincas en distintas regiones del país.
En cambio, organizaciones ambientales y expertos en ordenamiento territorial han advertido que eliminar las APPA podría abrir la puerta a la expansión de actividades no agropecuarias sobre suelos fértiles. Colombia, según distintos estudios, concentra buena parte de su producción de alimentos en zonas andinas y de valle que han sido históricamente presionadas por la urbanización y la minería.
La medida también toca a las entidades territoriales. Gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales que han venido aplicando las APPA deberán ajustar sus planes de ordenamiento y dejar sin efecto las capas de protección que esta figura les permitía imponer sobre el suelo rural. Ese proceso de transición puede tomar tiempo y generar incertidumbre regulatoria en el corto plazo.
Otro frente sensible es la seguridad alimentaria. Colombia ha sido señalada en distintos diagnósticos por depender en buena medida de la producción interna de alimentos básicos, al mismo tiempo que enfrenta presiones sobre su frontera agrícola. Derogar un instrumento orientado a proteger esa frontera reabre el debate sobre cómo blindar la producción sin ahuyentar la inversión.
Queda por conocer el alcance exacto de la derogación. La administración no ha detallado si la eliminación será inmediata, si contemplará un régimen de transición para los proyectos en curso, ni cómo se articulará con los planes de ordenamiento territorial ya vigentes. También está pendiente la posición del Congreso, que podría intervenir en la discusión si la figura exige cambios legales adicionales.
El anuncio sitúa a las APPA en el centro de la discusión pública sobre modelo de desarrollo rural. Sectores productivos, ambientalistas, académicos y autoridades locales deberán pronunciarse en las próximas semanas mientras se define el texto y los tiempos de una derogación que ya genera expectativas en el campo y preocupaciones en la agenda ambiental del país.