En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella descartó convocar una Asamblea Constituyente durante su mandato. La afirmación se produjo el 7 de agosto de 2026, en el marco de la ceremonia de posesión, según registró RCN Radio en su newsroom.
La Constituyente es un mecanismo contemplado en la Constitución de 1991 que permite reformar la carta política por medio de una asamblea elegida específicamente para ese fin. A lo largo de las últimas décadas, distintos sectores han propuesto convocatorias de este tipo para modificar aspectos sensibles del ordenamiento, como el sistema de justicia, la organización territorial o el régimen electoral.
El anuncio del nuevo mandatario se da en un contexto en el que el tema había vuelto al centro del debate público. La sola posibilidad de una Constituyente genera expectativas en sectores que buscan reformas de fondo, pero también preocupación en quienes advierten sobre la inestabilidad institucional que puede producir un proceso de esa naturaleza, con reglas especiales y plazos definidos por la propia asamblea.
Al descartar esa vía, el presidente marca un primer criterio sobre los límites de los cambios que impulsa su gobierno. Las reformas que se planteen deberán tramitarse por los canales ordinarios, es decir, por proyectos de ley ante el Congreso o por actos legislativos con los requisitos de aprobación que establece la Constitución, incluidos los debates en comisiones y plenarias y, en algunos casos, el control previo de la Corte Constitucional.
La decisión también tiene lectura política. El Congreso de la República recupera protagonismo como escenario de discusión de las reformas, lo que obliga al Ejecutivo a construir mayorías y a negociar con las bancadas para sacar adelante sus iniciativas. Para la ciudadanía, esto significa que cualquier cambio constitucional se someterá a los mismos filtros legislativos y judiciales que rigen hoy.
Organizaciones sociales y expertos en derecho constitucional suelen recordar que, incluso sin convocatoria formal, el debate sobre una Constituyente no desaparece. Distintos actores pueden seguir promoviendo la idea, recoger firmas o impulsar proyectos de ley que la activen. La postura del presidente, sin embargo, fija un punto de partida claro: la administración no la promoverá como herramienta de gobierno.
En el plano internacional, la definición resulta relevante para inversionistas y observadores que siguen de cerca la estabilidad institucional de Colombia. La convocatoria de una Constituyente suele asociarse con periodos de incertidumbre, porque durante su funcionamiento se suspenden varias reglas de juego. Descartarla reduce ese factor de riesgo y permite anticipar un marco constitucional estable para los próximos años.
El gobierno ahora enfrenta el reto de demostrar que las reformas que considere necesarias se pueden tramitar por las vías ordinarias sin afectar la profundidad de los cambios prometidos en campaña. La oposición, por su parte, queda en mejor posición para exigir debates extensos y exigir mayorías calificadas en temas sensibles.
Por ahora, la pregunta que queda abierta es cuáles serán las prioridades legislativas del nuevo gobierno. Sin Constituyente en el horizonte, la atención se traslada al contenido de los primeros proyectos de ley y al diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso en las próximas semanas.
La posición del presidente se conoció en la jornada de posesión, un escenario protocolario que tradicionalmente sirve para fijar los lineamientos políticos de un mandato. Las palabras pronunciadas allí suelen ser interpretadas como señales de gobernabilidad, y en esta oportunidad sirvieron para cerrar un capítulo que llevaba meses abierto en la opinión pública.