El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la designación de la magistrada Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, según informó Canal 1. La funcionaria, quien integra la Corte Suprema de Justicia, asumirá el cargo el próximo 8 de octubre en una de las dependencias clave del Ejecutivo para la lucha contra la corrupción administrativa.
La Secretaría de Transparencia es la entidad encargada de coordinar, dentro de la rama Ejecutiva, las acciones para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en la administración pública. Su titular depende directamente del despacho presidencial y cumple un papel articulador entre las distintas agencias del Estado que tienen funciones disciplinarias, fiscales y de control.
De acuerdo con la fuente, el presidente le encargó a Lombana la conformación de un bloque de búsqueda contra la corrupción, figura con la que el Gobierno pretende sumar a todas las entidades del Estado en una estrategia unificada. La idea, según expuso el presidente al hacer el anuncio, es que las instituciones que tienen competencias sancionatorias o de inteligencia trabajen de manera conjunta, compartiendo información y líneas de investigación.
Cristina Lombana es magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con una trayectoria conocida en la jurisdicción penal colombiana. Su llegada al Gobierno implica su paso a una función administrativa en la Presidencia, en un momento en el que el Ejecutivo ha puesto la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de su gestión.
Con la figura del bloque de búsqueda, el Gobierno busca replicar un esquema que ha sido utilizado en la lucha contra el crimen organizado y las finanzas ilícitas, en el que distintas agencias convergen en una mesa operativa. La diferencia se extiende ante las responsabilidades de cada entidad, que conservan su autonomía y sus competencias legales, mientras la Secretaría de Transparencia actúa como punto de encuentro.
El nombramiento también fue destacado porque llega en medio del debate público sobre la necesidad de reforzar los controles internos del Estado y de mejorar la articulación entre las entidades de control, como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la propia Rama Judicial. La secretaria designada tendrá a su cargo la interlocución directa con esos organismos y con la sociedad civil en los temas de integridad pública y acceso a la información.
El traspaso formal del cargo está previsto para el 8 de octubre. Hasta esa fecha, según el procedimiento habitual, se adelantarán los actos administrativos de aceptación y posesión ante la Presidencia de la República. Una vez en funciones, Lombana deberá presentar al país las líneas de trabajo concretas del bloque de búsqueda, los plazos previstos y los indicadores con los que se evaluarán los avances.
Para la ciudadanía, la creación de este bloque tiene implicaciones directas en la medida en que se traduzca en investigaciones y sanciones efectivas. Sectores que han pedido mayor articulación institucional, como veedurías, académicos y organizaciones anticorrupción, estarán atentos a la composición del bloque, a los mecanismos de reporte y a la publicidad de los resultados que se obtengan en los próximos meses.
Queda pendiente cómo se articulará el bloque con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General, que conservan la titularidad de la acción penal y disciplinaria, respectivamente. También está por verse si el esquema contemplará veedurías ciudadanas o veedurías internacionales, y si los avances del bloque serán publicados en portales de datos abiertos, como ocurre con otras dependencias del Ejecutivo.