El presidente Abelardo de la Espriella expidió resoluciones mediante las cuales deja sin efecto los nombramientos de los negociadores que el gobierno anterior había designado para sostener diálogos con el ELN y el Clan del Golfo, informó Infobae. Con esta decisión, el nuevo gobierno retira a quienes estaban sentados en la mesa en representación del Estado colombiano.
Según la fuente, los actos administrativos se fundamentan en las facultades constitucionales del presidente para dirigir los procesos de paz y preservar el orden público. También invocan el marco legal fijado por la Ley 2272 de 2022, norma que regula la política de paz total y los acercamientos con grupos armados organizados.
El movimiento se suma a una línea de decisiones que el gobierno de De la Espriella viene adoptando desde el inicio de su mandato frente a los diálogos heredados de la administración de Gustavo Petro. La Paz Total había sido la estrategia central de Petro para intentar negociaciones simultáneas con varias estructuras armadas, incluidos el ELN y el Clan del Golfo.
Con la revocatoria de los negociadores, las mesas instaladas durante el gobierno anterior quedan sin interlocutores designados por el Estado. Queda por definir si el nuevo equipo de gobierno abrirá una nueva fase de conversaciones, congelará los contactos o dará por terminados los acercamientos con estas organizaciones.
La decisión tiene efectos directos sobre los territorios donde el ELN y el Clan del Golfo tienen presencia armada. Las comunidades que habitan zonas bajo influencia de estos grupos suelen ser las más afectadas cuando se interrumpen o se suspenden los canales formales de diálogo con el Estado.
En materia institucional, la revocatoria implica que las delegaciones negociadoras cesan sus funciones administrativas y que cualquier compromiso adquirido en la mesa queda sin respaldo del nuevo gobierno, salvo que sea refrendado expresamente por la nueva administración.
Para los analistas, el paso dado por De la Espriella marca una señal clara sobre la dirección de la política de paz del nuevo gobierno frente a las organizaciones armadas que no se hayan acogido a los beneficios de la Ley 2272 de 2022. La norma condiciona los diálogos a que las estructuras demuestren voluntad real de paz y cesen las acciones ilícitas.
Quedan varios puntos por resolver. Falta conocer si el gobierno nombrará nuevos negociadores, si convocará voceros distintos o si optará por una estrategia que combine vías judiciales y de seguridad con eventuales acercamientos humanitarios. Por ahora, las resoluciones reportadas por Infobae solo revocan nombramientos y no detallan el rumbo que tomará la nueva administración con cada estructura.