El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno da por terminada la “falsa paz” impulsada por su antecesor Gustavo Petro. En una declaración pública recogida por Infobae, el jefe de Estado fue tajante al fijar la línea que seguirá su administración frente a los grupos armados ilegales que operan en el país.
De la Espriella reiteró que su gobierno no reconocerá estatus político a las estructuras armadas ilegales. Esa frase resume el cambio de enfoque frente a la política de “paz total”, que durante el período anterior buscó abrir escenarios de diálogo con organizaciones criminales bajo la idea de tratarlas como interlocutores políticos en un conflicto armado.
Como única alternativa para esos grupos, el presidente esbozó dos caminos. El primero es el sometimiento a la justicia, es decir, la entrega de los integrantes de las estructuras ilegales al aparato judicial colombiano bajo las condiciones que establece la ley. El segundo es la acción de la fuerza pública contra las organizaciones que persistan en actividades criminales.
La decisión se inscribe en el inicio de un nuevo período presidencial y en la necesidad de trazar señales claras a las Fuerzas Militares, a la Policía y a la ciudadanía sobre el rumbo de la seguridad. Con el cierre de la “paz total”, el Ejecutivo deja sin efecto los marcos de conversación que el gobierno anterior sostuvo con distintos grupos armados.
El anuncio también envía un mensaje directo a las disidencias de las FARC, al ELN y a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Al descartar el reconocimiento político, el gobierno cierra la puerta a cualquier negociación que equipare a esas organizaciones con actores legítimos de un conflicto interno.
Para los ciudadanos, el cambio de política tiene implicaciones en zonas históricamente afectadas por la violencia, donde las comunidades han vivido los efectos de los acuerdos parciales o de la presencia de grupos armados. Sectores rurales y urbanos golpeados por la extorsión y el reclutamiento serán escenario inmediato de las decisiones que se adopten a partir de esta declaración.
La postura presidencial contrasta con la ruta que siguió Gustavo Petro desde 2022, cuando planteó la “paz total” como una apuesta por reducir la violencia mediante el diálogo simultáneo con múltiples grupos armados y organizaciones criminales. Esa política generó debates sobre la conveniencia de tratar a estructuras dedicadas al narcotráfico bajo la lógica de la negociación política.
Expertos en seguridad consultados en distintos momentos han señalado que la efectividad de una política de sometimiento depende de la fortaleza institucional del Estado, de la presencia en los territorios y de la capacidad de la Fuerza Pública para sostener operativos sostenidos. Sin esos componentes, el anuncio presidencial enfrenta el reto de traducirse en resultados verificables para la población.
En el plano institucional, la declaración obliga al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas a reorientar sus prioridades operativas y de inteligencia. También supone ajustes en la relación con la Fiscalía y el sistema judicial, encargados de recibir a quienes se sometan y de procesar a quienes sean capturados en operaciones de la fuerza pública.
Por ahora, queda pendiente conocer los detalles del plan de sometimiento que ofrezca el gobierno y los protocolos operativos que se implementen para reforzar la seguridad en las regiones más afectadas. La ciudadanía aguarda resultados concretos sobre reducción de hechos violentos, capturas y desarticulación de estructuras armadas en los próximos meses.