El presidente Abelardo de la Espriella dio una instrucción directa para actuar contra migrantes en condición irregular en Colombia. La directriz fue impartida el 23 de agosto en un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, la capital del Atlántico, y los primeros trámites administrativos para su ejecución se iniciaron esta misma semana, de acuerdo con el reporte de Infobae.
El anuncio oficial, recogido por Infobae, incluyó un mensaje enfático del presidente, transmitido con la frase “que le quede claro a todo el mundo”. La instrucción pone el foco en personas migrantes irregulares que, según el mismo anuncio, estarían ligadas a la comisión de delitos dentro del territorio colombiano.
Colombia es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de migrantes venezolanos en su territorio. La migración entre ambos países ha sido un tema central de la política bilateral desde hace varios años, con flujos que incluyen tanto a personas regularizadas como a quienes permanecen en condición irregular por distintas razones, entre ellas la falta de documentación, el cierre temporal de fronteras o la imposibilidad de acceder a los trámites migratorios.
En materia institucional, los consejos de seguridad son espacios donde el Gobierno nacional coordina con autoridades locales y fuerzas del orden la evaluación de la situación de orden público en una región específica. Barranquilla, por su ubicación en la costa Caribe y su cercanía con Venezuela, ha sido históricamente un punto clave para el manejo de temas migratorios y de seguridad en el norte del país.
El hecho de que el presidente haya elegido un consejo de seguridad regional para impartir la directriz sugiere que la orden busca articular a las autoridades locales en su aplicación. Entre los actores llamados a ejecutar este tipo de decisiones se encuentran Migración Colombia, la Policía Nacional y las alcaldías municipales, que suelen coordinar operativos y verificaciones de estatus migratorio en sus jurisdicciones.
La instrucción puede afectar de manera directa a la población migrante irregular que reside en distintas ciudades del país, en particular a quienes no cuentan con documentos al día. Según el reporte de Infobae, el énfasis de la medida está puesto en personas migrantes vinculadas a delitos, aunque el alcance general de la orden no fue precisado en el extracto disponible.
En el plano internacional, las decisiones de un país sobre migración irregular suelen generar reacciones de los Estados de origen de los migrantes y de organismos multilaterales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Hasta el momento, Infobae no reportó en su extracto reacciones oficiales de gobiernos extranjeros frente a esta directriz.
En lo que respecta a derechos fundamentales, la Constitución colombiana y los compromisos internacionales suscritos por el país establecen garantías para el debido proceso, la no discriminación y la protección de personas en condición de vulnerabilidad. Cualquier operativo derivado de esta instrucción tendría que observar esas garantías, según el marco legal vigente.
Quedan pendientes varios elementos por conocer: el alcance exacto de la directriz, los criterios específicos para identificar a las personas sujetas a los trámites anunciados, las regiones donde se aplicarán primero y los protocolos que se seguirán con quienes sean encontrados en situación irregular. Infobae señaló que esta semana inician los trámites, por lo que se esperan más detalles en los próximos días.