El presidente Abelardo de la Espriella reunió a distintos actores para dar un nuevo impulso al proyecto que ha sido una de sus banderas en materia de seguridad. La cita buscó encaminar la estrategia para construir diez megacárceles de máxima seguridad en el territorio nacional, según reportó Infobae.
El propósito central del plan es recuperar el control estatal de los penales y, al mismo tiempo, aislar a los internos considerados de mayor peligrosidad, entre ellos cabecillas de organizaciones criminales y terroristas. Con ese aislamiento se pretende cortar la capacidad de mando que aún mantienen desde las cárceles y que ha sido señalada como uno de los factores que alimenta la violencia en distintas regiones.
Colombia arrastra desde hace décadas una crisis carcelaria caracterizada por hacinamiento, condiciones de vida precarias y una presencia limitada del Estado dentro de los penales. En ese contexto, los gobiernos han planteado distintas fórmulas, desde ampliaciones de infraestructura hasta la creación de pabellones de alta seguridad, pero la idea de diez megacárceles representa un salto de escala sin antecedentes recientes en el país.
El modelo de máxima seguridad suele incluir condiciones más restrictivas para los internos: controles perimetrales reforzados, vigilancia tecnológica permanente, regímenes de visita limitados y separación estricta entre las distintas organizaciones criminales. El Gobierno aspira a que esa rigidez permita reducir la influencia que las estructuras ilegales ejercen sobre la vida intramural y sobre las dinámicas de violencia en las calles.
Según Infobae, en el encuentro se empezaron a definir los nombres de los empresarios que podrían participar en la construcción y operación del proyecto. La convocatoria al sector privado responde a la necesidad de movilizar capital y experiencia técnica para levantar una infraestructura de gran envergadura en un plazo corto, aunque también abre interrogantes sobre el modelo de financiación y la forma de contratación.
El anuncio llega en un momento en que la seguridad ocupa un lugar central en la agenda pública, por la persistencia de acciones de grupos armados, bandas criminales y disidencias en varias regiones del país. Para los ciudadanos, el impacto más directo de las megacárceles se vería en la capacidad del Estado para investigar y judicializar a los líderes de esas estructuras, muchos de los cuales ya están privados de la libertad pero conservan poder de decisión desde las prisiones.
En el plano institucional, la construcción de las diez megacárceles obligará a coordinar tareas entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y la Fuerza Pública, encargada de la custodia externa. También exigirá definir estándares uniformes de construcción, debido a que los penales actuales están administrados en algunos casos por entidades territoriales o por operadores privados.
Quedan por resolver varias preguntas: los plazos concretos de construcción, la ubicación de cada megacárcel, el costo total de la iniciativa y el régimen jurídico que se aplicará a los internos que sean trasladados allí. El Gobierno también tendrá que precisar cómo se articulará la nueva infraestructura con la política de resocialización y con los derechos de las personas privadas de la libertad, un aspecto sensible frente a los organismos de control y a la comunidad internacional.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el impulso dado por De la Espriella al proyecto marca el inicio de una etapa más operativa, en la que las discusiones pasan del plano conceptual a la identificación de posibles socios privados. Las siguientes semanas serán clave para conocer los nombres concretos de las empresas interesadas y los términos en los que se plantea la participación del sector privado en esta megaproyecto de seguridad.