El presidente electo Abelardo De La Espriella presentó una de las primeras decisiones de su futura administración: una reducción del aparato burocrático de la Casa de Nariño. La apuesta incluye eliminar varias consejerías presidenciales y reconvertir la figura del comisionado de Paz, que pasaría a llamarse comisionado de seguridad, según publicó El Tiempo.
De acuerdo con la información de El Tiempo, la reestructura contempla la supresión de 229 puestos de trabajo al interior de la Presidencia. Con esa reducción, el gobierno entrante proyecta un ahorro anual cercano a los 10.000 millones de pesos, recursos que, según lo anunciado, se reorientarán hacia otras prioridades del Ejecutivo.
La Consejería Presidencial para la Paz es una dependencia creada para asesorar al jefe de Estado en el diseño y seguimiento de las políticas de paz, incluida la coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad que depende del Ministerio del Interior y que ha tenido protagonismo en los diálogos con grupos armados y en la implementación de los acuerdos firmados con las FARC en 2016.
El anuncio transforma la misión de esa consejería. Al pasar de comisionado de Paz a comisionado de seguridad, la dependencia asumiría un enfoque ligado a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la protección de líderes sociales, temáticas que en los últimos años han ganado peso en la agenda de seguridad nacional. El Tiempo no detalla todavía los alcances específicos de esa nueva figura.
La decisión se conoce en un momento en el que el país discute el rumbo de la política de seguridad y de los procesos de diálogo con grupos armados. Sectores políticos y académicos han planteado la necesidad de reforzar la institucionalidad de seguridad sin descuidar los compromisos derivados de los acuerdos de paz y la atención a las víctimas del conflicto.
Para los ciudadanos, una restructuración de este tipo tiene efectos en dos frentes. Por un lado, puede traducirse en una menor carga sobre el presupuesto general de la Nación, al reducir nómina y gastos de funcionamiento. Por otro, abre interrogantes sobre la continuidad o el rediseño de programas que dependen de esas dependencias, como los de reconciliación, reintegración y atención a comunidades vulnerables.
El anuncio llega cuando De La Espriella se prepara para asumir la Presidencia. Todavía no se conoce el decreto oficial ni el cronograma exacto de la supresión de cargos. El Tiempo tampoco reportó el listado completo de las consejerías afectadas ni los nombres de quienes serían designados para encabezar la nueva dependencia de seguridad.
Queda pendiente conocer los detalles técnicos de la transición: qué dependencias absorberán las funciones actuales de la Consejería de Paz, cómo se articulará el nuevo comisionado de seguridad con la Oficina del Alto Comisionado y con la fuerza pública, y de dónde saldrán los recursos reasignados. También será clave el pronunciamiento del Congreso y de los sectores involucrados en los procesos de paz.