El presidente Abelardo de la Espriella viajó a Valledupar para encabezar un consejo de seguridad con comandantes militares y de policía, según reportó Infobae. En la reunión revisó la situación de orden público en el Cesar y otras zonas del Caribe colombiano.
El encuentro se dio después de que reportes preliminares del Ejército documentaran una nueva modalidad de ataque de los grupos armados. Los guerrilleros iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y luego emplearon explosivos lanzados desde drones, una táctica que preocupa a las Fuerzas Militares por su capacidad de daño a distancia.
Durante la sesión, el mandatario dio la orden de reforzar la ofensiva militar y policial en la región. La instrucción apunta a elevar la presión sobre las estructuras ilegales que delinquen en el Cesar y zonas vecinas, donde persisten focos de violencia asociados a disidencias y grupos residuales.
Los consejos de seguridad presidenciales son la instancia donde el Gobierno nacional coordina la respuesta del Estado con autoridades regionales y locales. En ellos participan usualmente el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, y representantes de la Fiscalía y la gobernación departamental.
La región del Cesar ha sido escenario recurrente de acciones de grupos armados organizados, incluidos ELN, disidencias de las extintas Farc y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. El uso de drones con explosivos representa un salto tecnológico para esos grupos, que hasta hace pocos años operaban con métodos artesanales.
La directriz presidencial se enmarca dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno, que contempla el despliegue coordinado de tropas del Ejército, la Armada y la Policía, junto con operaciones de inteligencia y apoyo a la Fiscalía para judicializar a los cabecillas de esas estructuras.
Tras el consejo, las autoridades competentes deben evaluar los resultados de las nuevas operaciones en las próximas semanas. La meta es reducir la capacidad de acción de los grupos armados y proteger a las comunidades que habitan en zonas rurales del Cesar y departamentos cercanos.
La ciudadanía del Cesar y de áreas vecinas sigue siendo la más afectada por esta escalada, con restricciones a la movilidad y riesgos para líderes sociales y campesinos en zonas de disputa. El cumplimiento de la orden presidencial será determinante para restablecer condiciones de seguridad en la región.