El terremoto que golpeó al país abrió un nuevo frente fiscal para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según expertos consultados por Infobae Colombia, la reconstrucción de las zonas afectadas exigirá un esfuerzo presupuestal que no se resuelve solo con austeridad administrativa. El diagnóstico es directo: hará falta dinero adicional, y ese dinero tendrá que venir, en buena parte, del endeudamiento.
El Ejecutivo ya trabaja en la reformulación del presupuesto nacional para incorporar el costo de la emergencia. Los analistas coinciden en que el recorte de la burocracia es una herramienta útil, pero insuficiente, cuando se trata de levantar infraestructura, restablecer servicios básicos y atender a miles de familias damnificadas. La magnitud del desastre supera la capacidad de reasignación inmediata.
Para los expertos, el camino más realista combina tres fuentes de recursos. La primera es la deuda pública, que el gobierno estaría dispuesto a asumir tal como reconoció la propia Casa de Nariño al señalar, según Infobae, que “nos vamos a endeudar”. La segunda es la participación del capital privado, mediante asociaciones público-privadas y contratos de reconstrucción. La tercera es la cooperación internacional y los recursos de emergencia que suelen activarse tras catástrofes naturales.
El equilibrio entre estas fuentes es clave. Endeudarse sin control agravaría el déficit fiscal, que ya venía bajo presión por el ajuste de las finanzas públicas. Pero abrir completamente la puerta al capital privado puede traducirse en tarifas más altas para los ciudadanos en servicios como agua, energía o vías, si los proyectos no se blindan con condiciones claras para el usuario.
En materia social, la emergencia golpea con más fuerza a los municipios pequeños y a las zonas rurales donde el colapso de vías y acueductos dificulta la vida cotidiana y la actividad productiva. La atención en salud y vivienda se concentra en los departamentos declarados en calamidad pública, donde los hospitales operan a media máquina y cientos de familias perdieron su hogar.
Desde el punto de vista institucional, el manejo del desastre pone a prueba la coordinación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Hacienda y los entes territoriales. Las primeras decisiones del gobierno apuntan a decretar la emergencia económica y social para flexibilizar el gasto y habilitar líneas de crédito con organismos multilaterales.
En el plano político, la oposición ha pedido transparencia sobre el monto de la deuda que se contratará y sobre los plazos para amortizarla. Sectores empresariales, en tanto, han mostrado disposición a participar en la reconstrucción bajo la figura de obras por impuestos y donaciones, aunque reclaman reglas estables y contratos claros antes de comprometer recursos.
En el terreno internacional, Colombia puede acceder a líneas de crédito del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, además de fondos humanitarios de la ONU. La Cancillería gestiona la llegada de ayuda técnica para evaluar daños en infraestructura y vivienda, un paso previo a la definición del plan maestro de reconstrucción.
Quedan varios pendientes. Falta el decreto formal con el monto de las partidas reasignadas y el cupo de deuda adicional que se solicitará al Congreso. También está por definirse el cronograma de licitaciones para los proyectos de reconstrucción y el mecanismo de seguimiento ciudadano para evitar la dispersión de los recursos, una preocupación recurrente después de emergencias de gran escala en el país.
El reto, según los expertos, es reconstruir sin dejar al Estado con una carga financiera que comprometa programas sociales y sin trasladar el costo total a los usuarios de los servicios públicos. La forma en que se combinen deuda, inversión privada y cooperación marcará el rumbo fiscal del país en los próximos años.