El medio Infobae publicó un análisis de experto que sostiene que el presidente Abelardo de la Espriella "enterrará" la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La afirmación parte de los movimientos que ya se anuncian en materia de seguridad, con un reordenamiento de funciones ministeriales y la creación de una nueva arquitectura institucional para ese sector.
La Paz Total fue la apuesta central del gobierno saliente para negociar simultáneamente con múltiples grupos armados y estructuras criminales. Su diseño contemplaba mesas de diálogo con organizaciones paramilitares, disidencias de las FARC y bandas urbanas, en un esquema distinto al de experiencias anteriores como los acuerdos de La Habana.
Según el extracto de Infobae, el cambio de modelo en seguridad genera "interrogantes" sobre tres frentes sensibles. El primero es la protección de los derechos humanos, dado que el abandono o transformación de una política de diálogo podría modificar las condiciones en que operan los mecanismos de denuncia, atención a víctimas y acompañamiento a comunidades vulnerables.
El segundo frente es la implementación de los acuerdos ya firmados. Colombia arrastra compromisos derivados del Acuerdo Final de 2016 con las FARC, así como compromisos posteriores con otras estructuras. Cualquier rediseño institucional obliga a definir quién responde por el seguimiento, la verificación y la financiación de lo pactado.
El tercer frente es la responsabilidad internacional del Estado. Tratados de derechos humanos, sistemas de protección interamericanos y compromisos ante Naciones Unidas mantienen estándares que el país debe respetar sin importar la política interna de turno. Modificar la arquitectura de seguridad sin una transición clara puede abrir riesgos de observaciones o llamados de atención de organismos internacionales.
La nueva institucionalidad en seguridad que menciona la fuente implica un reordenamiento de las competencias que antes concentraba un ministerio específico. Ese tipo de reacomodos suele tardar meses en estabilizarse, periodo durante el cual los funcionarios deben definir manuales de procedimiento, cadenas de mando y protocolos de articulación con la Fiscalía y la Rama Judicial.
Para la ciudadanía, el efecto inmediato es la incertidumbre. Organizaciones sociales, comunidades en zonas de conflicto y liderazgos locales han dependido en buena medida de los espacios habilitados por la política anterior, sean mesas de diálogo o instancias de protección. La continuidad o el cierre de esos espacios es una variable que sigue sin resolverse.
Desde el ángulo jurídico, el experto citado por Infobae advierte que la transición obligará a revisar decretos, leyes habilitantes y normativa reglamentaria. Derogar, modificar o sustituir la arquitectura legal de la Paz Total requiere decisiones del Congreso y del Ejecutivo que, por su alcance, suelen convertirse en debates públicos prolongados.
Queda pendiente el detalle del nuevo modelo. Hasta ahora, el gobierno entrante ha señalado la necesidad de fortalecer la fuerza pública y modificar los esquemas de negociación, sin que se haya publicado un articulado formal que reemplace la normativa vigente. El análisis de Infobae deja abierto el seguimiento a esos pasos.