Abelardo de la Espriella, cabeza visible del movimiento Defensores de la Patria, entregó a autoridades de Estados Unidos un nuevo listado de políticos que, según su denuncia, estarían vinculados a una red de compra de votos dirigida a favorecer al senador Iván Cepeda. La información fue divulgada por el propio líder del movimiento y recogida por Infobae.
Entre los nombres expuestos públicamente figuran Kelyn González y Rodrigo Roncallo. De la Espriella asegura que ambas personas harían parte de una estructura que, según su versión, busca alterar el resultado de procesos electorales en Colombia mediante la entrega de dinero o prebendas a votantes.
La denuncia se inscribe en la campaña que el movimiento Defensores de la Patria viene adelantando desde antes de la jornada electoral. El grupo ha sostenido en distintos escenarios que existen evidencias de una operación sistemática para favorecer al candidato del Pacto Histórico, señalamientos que hasta ahora no han sido corroborados por un fallo judicial ni por un organismo electoral.
La acción ante Estados Unidos abre un componente internacional a una controversia que hasta ahora se había discutido principalmente dentro del país. Al presentar los nombres ante autoridades del país norteamericano, los denunciantes buscan que se evalúe si los recursos empleados en la supuesta compra de votos podrían tener origen o conexión ilícita con operaciones fuera de Colombia.
Desde el lado del senador Iván Cepeda no se ha emitido, hasta el momento de esta publicación, una respuesta oficial sobre los nuevos nombres divulgados por De la Espriella. Su campaña tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones recogidas por Infobae.
El movimiento Defensores de la Patria ha difundido sus denuncias a través de redes sociales y declaraciones públicas. En varias de esas intervenciones, De la Espriella ha sostenido que cuenta con grabaciones, testimonios y material documental que respaldarían sus afirmaciones, aunque no los ha hecho públicos en su totalidad.
La eventual investigación por parte de autoridades estadounidenses depende de que la información entregada cumpla con los requisitos formales de una denuncia o solicitud de cooperación. Por lo general, este tipo de comunicaciones requieren que la justicia del país receptor identifique un posible delito federal o un interés legítimo antes de iniciar pesquisas propias.
En Colombia, la compra de votos es un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden incluir prisión e inhabilidad política. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral son las entidades competentes para investigar y sancionar estas conductas dentro del territorio nacional, mientras que la Organización Electoral administra los mecanismos de transparencia de los comicios.
El caso queda a la espera de tres frentes: la respuesta de los señalados, una eventual apertura de indagación por parte de las autoridades colombianas competentes y la decisión de las instancias estadounidenses sobre la información recibida. Mientras tanto, la denuncia ya forma parte del debate público en plena etapa previa a las elecciones.