El presidente Abelardo de la Espriella presentó este lunes en Mompox, durante la Cumbre de Gobernadores, los detalles de lo que su gobierno denomina un nuevo esquema de descentralización. Según Infobae, el mensaje central es que las regiones recibirán más presupuesto y competencias solo si demuestran resultados concretos en tres frentes: rendición de cuentas, sostenibilidad presupuestaria y contención de estructuras criminales.
La intervención se produce en un escenario habitual para los anuncios territoriales: una cita que reúne a mandatarios departamentales con el Ejecutivo. En ese marco, el presidente expuso que el criterio no será únicamente el tamaño de la población ni la condición socioeconómica del territorio, sino la capacidad institucional de cada gobernación para ejecutar con eficiencia y para responder ante la ciudadanía por el uso de los recursos públicos.
El plan se inscribe en una discusión de larga data en Colombia. La descentralización ha sido una bandera desde la Constitución de 1991, que amplió las competencias de departamentos y municipios y creó mecanismos de transferencias. Sin embargo, debates posteriores sobre la ineficiencia de algunos entes territoriales, la dispersión de la inversión y la presencia de redes criminales enquistadas en regiones han alimentado la idea de condicionar mayores recursos a metas verificables.
La rendición de cuentas aparece como el primer pilar. En la práctica, esto se traduce en sistemas de seguimiento a la ejecución presupuestal, publicación de indicadores y auditorías externas. El segundo pilar, la sostenibilidad presupuestaria, apunta a que las regiones financien sus proyectos sin comprometer el equilibrio fiscal nacional ni acumular deudas. El tercero, la contención de estructuras criminales, incorpora una variable de seguridad en el acceso a recursos, al vincular el desempeño territorial con la capacidad de las autoridades locales para enfrentar grupos armados y bandas delincuenciales.
Para los gobernadores, la propuesta abre tanto oportunidades como interrogantes. Si la transferencia se asocia a resultados, quienes reporten buenos indicadores podrían recibir más autonomía y más recursos para obras y programas sociales. Pero los mandatarios de zonas con menor capacidad institucional, o con presencia histórica de grupos armados, podrían quedar rezagados si los criterios no contemplan condiciones diferenciales. El riesgo, según expertos en descentralización, es que la condicionalidad profundice las brechas entre regiones.
Otro aspecto sensible es la definición misma de qué se entiende por resultados. La fuente consultada por Infobae no detalla los indicadores específicos, los plazos ni las metas que el gobierno tomará como referencia. Tampoco precisa si los criterios se aplicarán de manera uniforme o si habrá gradientes según el contexto de cada departamento. Esa ausencia de precisión será probablemente uno de los puntos que los gobernadores buscarán esclarecer en los próximos días.
En materia de seguridad, el vínculo entre presupuesto y contención del crimen refleja una preocupación creciente en varias zonas del país. Departamentos con presencia de grupos armados, economías ilegales y disputas territoriales han visto cómo los recursos locales se ven presionados por la necesidad de atender a poblaciones afectadas y, al mismo tiempo, sostener capacidades de fuerza pública. Un esquema que premie a las regiones con mejores indicadores de seguridad podría incentivar la inversión en inteligencia, judicialización y protección, pero también podría castigar a territorios que llevan décadas atrapados en el conflicto.
El plan también toca un debate sobre el modelo de relación entre el nivel nacional y los territorios. Sectores que defienden la autonomía regional argumentan que condicionar los recursos a resultados puede convertirse en un mecanismo de control político desde el centro. Otros consideran que sin condiciones claras, la descentralización tiende a fragmentarse y a responder más a intereses locales que a objetivos de país. La propuesta de De la Espriella se ubica en el segundo extremo y reclama reglas más estrictas para el manejo de los dineros públicos.
Quedan varios temas por definir. El primero es la metodología con la que se evaluará a cada gobernación. El segundo, los incentivos concretos para quienes cumplan los criterios. El tercero, la situación de los departamentos que, por condiciones estructurales, no puedan alcanzar las metas exigidas. Y el cuarto, el rol del Congreso en la eventual modificación del esquema de transferencias y competencias. La Cumbre de Mompox abrió la conversación, pero el contenido detallado del plan, así como su ruta de implementación, se conocerán en las próximas semanas, según el reporte de Infobae.
Por ahora, el mensaje del presidente deja una directriz clara: el dinero público llegará a las regiones en la medida en que estas demuestren capacidad, transparencia y resultados frente al crimen. Esa es la vara con la que, según el gobierno, se medirá el éxito de la descentralización y, en últimas, la confianza entre la Nación y los territorios.