El presidente Abelardo de la Espriella solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que revisen las actuaciones disciplinarias y las denuncias que pesan sobre Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba. El anuncio fue hecho por el propio jefe de Estado y recogido por Infobae.
De la Espriella acompañó el mensaje con una frase que se convirtió en el centro de la controversia: "Voy por él". Con esa expresión, el presidente dejó ver que la orden no se limita a pedir un seguimiento pasivo, sino que apunta a una intervención decidida de los organismos de control sobre la administración de la Universidad de Córdoba.
El rector Jairo Torres Oviedo es una figura conocida en la región Caribe y ha estado al frente de la Universidad de Córdoba, una de las universidades públicas más importantes del país por su tamaño y por su peso en la formación profesional en la costa norte. Las razones específicas de las actuaciones disciplinarias y las denuncias que el presidente pidió revisar no fueron detalladas en el extracto de la fuente.
La solicitud del jefe de Estado ocurre en un contexto de mayor tensión entre el Gobierno nacional y varias directivas de universidades oficiales, marcadas por debates sobre autonomía universitaria, manejo presupuestal y rendición de cuentas. El pedido de activar a la Procuraduría y a la Fiscalía coloca el caso en el terreno de las investigaciones formales, que pueden derivar en sanciones disciplinarias o en procesos penales según lo que encuentren esos organismos.
La reacción más visible vino del expresidente Gustavo Petro, quien rechazó el pronunciamiento. Según Infobae, la declaración de Petro fue una crítica directa al tono y al contenido del mensaje presidencial, lo que abrió un nuevo frente de disputa entre el actual Gobierno y el sector del petrismo. Este cruce se suma a los debates políticos que han rodeado la posesión y los primeros movimientos del nuevo Ejecutivo.
En el plano institucional, la Procuraduría tiene la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias contra servidores públicos, mientras que la Fiscalía puede asumir el expediente si aparecen indicios de conductas que configuren delitos. El rector de una universidad pública, al ser funcionario del Estado, queda bajo el fuero disciplinario de estos organismos, lo que hace operativa la solicitud del presidente.
Para la comunidad universitaria de Córdoba y para los estudiantes y docentes de la Universidad, el anuncio abre un período de expectativa sobre el rumbo de la institución. Una eventual intervención o sanción sobre el rector podría impactar en la gobernabilidad interna, en los proyectos académicos y en las decisiones administrativas de corto plazo.
Queda pendiente conocer el resultado de las revisiones que adelanten la Procuraduría y la Fiscalía, así como las reacciones de la Universidad de Córdoba y de otros rectores de universidades públicas del país. Por ahora, el pedido presidencial ya quedó inscrito como uno de los primeros actos del Gobierno de De la Espriella con efecto directo sobre una universidad estatal.
Según Infobae, esta es la versión disponible del hecho al cierre de esta nota. Cualquier actualización posterior sobre las actuaciones de los organismos de control o sobre nuevas reacciones políticas quedará por fuera de este artículo.