El presidente electo Abelardo de la Espriella habló desde Bucaramanga sobre el rumbo que tomará su gobierno en materia de seguridad. Anunció modificaciones en la política de negociación con organizaciones armadas y fijó una condición inicial para cualquier diálogo con el ELN: la desmovilización de dos cabecillas específicos de esa guerrilla.
La declaración incluye una advertencia directa. Citado por Infobae, el mandatario electo señaló que «bandido que no se someta será dado de baja», una frase que resume la línea de mano firme planteada en su primera intervención pública sobre orden público como presidente electo.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al ELN en varias regiones del país. La guerrilla mantiene presencia en zonas del Catatumbo, Arauca, Chocó y otras áreas donde se han reportado secuestros, extorsiones y enfrentamientos con la Fuerza Pública.
La exigencia de desmovilización de cabecillas antes de cualquier proceso de diálogo marca un giro frente a la política de negociación adelantada por gobiernos anteriores. Tradicionalmente, las mesas con el ELN se han abierto con exigencias formales de cese al fuego y liberación de secuestrados, pero no con la entrega de comandantes como prerrequisito.
La estrategia de seguridad será uno de los ejes centrales del gobierno que empieza. De la Espriella ha planteado que la Fuerza Pública recibirá instrucciones claras para actuar contra las organizaciones armadas que no se acojan a los mecanismos legales de sometimiento que se pongan en marcha.
Desde la sociedad civil y distintos sectores se ha pedido claridad sobre cómo funcionará el proceso de sometimiento. La Ley 2272 de 2022, conocida como ley de sometimiento, establece las reglas actuales para la desmovilización colectiva de estructuras armadas organizadas, aunque su aplicación ha sido limitada hasta ahora.
La exigencia de nombres propios en lugar de una demanda genérica al ELN introduce un elemento de presión focalizada. Identificar a dos cabecillas como condición inicial coloca a la guerrilla ante la disyuntiva de entregar a esos mandos o enfrentar las consecuencias anunciadas por el próximo gobierno.
El anuncio se da en un momento en que el ELN atraviesa un proceso interno de fragmentación. Disidencias y facciones disidentes han surgido en departamentos como Arauca y el Catatumbo, lo que complica la representación unificada de la guerrilla en cualquier mesa de diálogo.
Queda por definir qué pasará si el ELN rechaza la exigencia. El presidente electo no explicó aún los plazos, los mecanismos de verificación ni las consecuencias específicas para quienes no se sometan, puntos que seguramente harán parte de la presentación formal de su política de seguridad en las próximas semanas.
La expectativa es que el nuevo gobierno detalle su estrategia integral de orden público, incluyendo el rol de la fuerza militar, los incentivos para la desmovilización individual y colectiva, y la articulación con la Fiscalía y la Rama Judicial para los procesos de Justicia y Paz.