La propuesta, dada a conocer este lunes, plantea habilitar dos millones de hectáreas en los Llanos Orientales con el fin de expandir el cultivo de soya y maíz, dos de los cereales con mayor demanda en la industria de alimentos balanceados y en la producción de proteína animal. La idea es replicar en territorio colombiano la experiencia del estado de Mato Grosso, convertido en las últimas décadas en uno de los principales polos agrícolas de América Latina.
Mato Grosso es hoy referencia mundial en la producción de soya, maíz y algodón, con cosechas que sostienen buena parte de la cadena agroindustrial brasileña. Trasladar ese modelo al Llano colombiano implica trabajar sobre una región con suelos ácidos de sabana, históricamente dedicados a la ganadería extensiva y con baja densidad poblacional. La propuesta, según el extracto disponible, se presenta justamente como una vía para aprovechar ese potencial hoy subutilizado.
El anuncio se enmarca en el inicio del gobierno de De La Espriella, que ha puesto el sector agropecuario entre sus prioridades de reactivación económica. Para una administración que arrancó hace pocos meses, el plan funciona como una señal de rumbo hacia sectores exportadores y generadores de empleo rural, en un país donde el campo aporta cerca de un tercio del empleo total, según registros históricos del DANE.
La iniciativa tendría efectos directos sobre los productores de la altillanura y del piedemonte llanero, departamentos como Meta, Vichada, Casanare y Arauca, donde la frontera agrícola se ha expandido en los últimos años con esquemas de alianzas entre inversionistas, gremios y comunidades campesinas. También impactaría a los compradores de cereal, principalmente el sector de alimentos balanceados para aves, cerdos y peces, que hoy cubre buena parte de su demanda con importaciones.
En el plano institucional, un proyecto de esa magnitud requiere articulación entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales. Temas como la tenencia de la tierra, la formalización predial, las licencias ambientales y la infraestructura de transporte y almacenamiento aparecen como puntos críticos para que una apuesta de dos millones de hectáreas pase del anuncio a la implementación.
El plan se inscribe además en una discusión más amplia sobre la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia externa. Colombia importa anualmente volúmenes significativos de maíz amarillo, principalmente para la industria de alimentos para animales, mientras que la producción nacional de soya es aún incipiente frente a la demanda interna. Ampliar el área cultivada busca, en ese contexto, cerrar parte de esa brecha.
Como antecedente, en los últimos años el gobierno anterior promovió esquemas de siembra en la altillanura con apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) y empresas privadas, con resultados mixtos en términos de rendimiento y adaptación de variedades a suelos de sabana. Cualquier nueva etapa tendría que partir de esa experiencia y resolver dudas técnicas sobre la productividad por hectárea frente a regiones agrícolas tradicionales.
Quedan varios interrogantes sobre la mesa. No se conoce todavía el cronograma, la fuente de financiación ni el mecanismo de adjudicación de tierras previsto en la propuesta. Tampoco se ha detallado cómo se articulará con las comunidades que actualmente ocupan o reclaman predios en la zona, ni qué papel tendrán los pequeños y medianos productores frente a proyectos que suelen asociarse con grandes inversionistas. El seguimiento a estos puntos será clave para evaluar el alcance real de la iniciativa.
Por ahora, la idea queda instalada en la agenda pública como uno de los proyectos insignia del nuevo gobierno en materia agropecuaria. Su concreción dependerá de la capacidad de articular inversión privada, política pública y desarrollo territorial en una de las regiones con mayor potencial, pero también con mayores desafíos, del país.