El presidente Abelardo de la Espriella fijó este martes la postura de su Gobierno frente al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la próxima jornada de movilización social convocada en ese departamento. El anuncio central es una orden de auditoría por 1,13 billones de pesos que, según el Ejecutivo, fueron asignados a esa organización en períodos anteriores.
De manera paralela, el Mandatario advirtió que la administración no abrirá espacios de negociación mientras se mantengan bloqueos sobre la red vial del Cauca. La instrucción fue transmitida de manera directa por el jefe del Estado y replicada por el equipo de comunicaciones presidencial, que ante el avance de la jornada de protesta sostuvo que 'no se negociará con las vías cerradas'.
El Cric es una de las organizaciones que agrupa pueblos originarios en ese territorio y que participa de manera periódica en la Minga Social, una movilización que en los últimos años ha incluido cierres parciales de la Panamericana y de corredores intermunicipales. Esas jornadas han derivado en alteraciones al transporte, al comercio regional y al acceso a servicios en municipios del norte y oriente del Cauca.
El anuncio se produce en un contexto de expectativa por la convocatoria que distintas plataformas ciudadanas y organizaciones sociales han hecho para los próximos días. Hasta ahora, el Ejecutivo no había detallado cómo enfrentaría la jornada ni qué protocolos activaría para garantizar la libre circulación. Con la orden del Presidente, la línea quedó definida: diálogo sin cierres viales y revisión previa de los recursos.
La auditoría a los 1,13 billones de pesos se suma al paquete de revisiones que el nuevo Gobierno ha impulsado desde su llegada al poder. El propósito declarado es determinar el destino final de partidas que el Estado transfirió a esa organización en años recientes. La cifra fue citada por la fuente y corresponde a lo reportado por el Ejecutivo en su comunicación oficial.
La decisión tiene implicaciones directas para los habitantes del Cauca, en particular para quienes dependen del transporte intermunicipal, del comercio agrícola y del acceso a servicios de salud y educación en los municipios cercanos a los puntos donde suelen presentarse los bloqueos. El cierre prolongado de la Panamericana ha afectado históricamente el flujo de carga entre el suroccidente colombiano y el centro del país, con consecuencias sobre los precios de alimentos y combustibles.
Para el Gobierno, la postura combina dos mensajes: por un lado, transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a comunidades indígenas, históricamente protegidas por el derecho a la consulta previa y al respeto de sus territorios. Por otro, firmeza en la defensa del derecho a la libre circulación de los demás ciudadanos que habitan o transitan por el Cauca.
Desde el lado de las organizaciones convocantes, el llamado a la Minga suele vincularse a demandas sobre tierras, inversión social y garantías de derechos humanos en zonas con alta presencia de actores armados. El Cric y otras organizaciones indígenas han planteado en el pasado que la protesta pacífica es un instrumento legítimo para hacerse escuchar ante el Estado.
Quedan por definirse varios aspectos operativos: el equipo técnico que adelantará la auditoría, los plazos del proceso, el tipo de hallazgos que podrían derivarse de la revisión y la eventual veeduría de otros organismos de control. También está pendiente la respuesta de las organizaciones convocantes frente a la advertencia del Ejecutivo sobre los bloqueos, una señal que se conocerá en las próximas horas o días.
Por ahora, la jornada de movilización sigue convocada y el Gobierno mantiene su advertencia de no negociar con las vías cerradas. El pulso entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas se traslada así a las carreteras del Cauca, con efectos previsibles sobre la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de miles de habitantes de ese departamento.