El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que en sus primeros 32 días al frente del Gobierno firmó 70 extradiciones, según recoge el medio KienyKe. El anuncio lo hizo durante un pronunciamiento público en el que repasó los avances de su administración en materia de cooperación judicial con otros países.
La cifra entregada por el presidente equivale, en promedio, a más de dos extradiciones firmadas cada día desde el inicio de su mandato. Se trata de un ritmo que el propio jefe de Estado destacó como parte de su estrategia de seguridad y de lucha contra el crimen transnacional, aunque la fuente consultada no precisa a qué países fueron enviados los solicitados.
En Colombia, la facultad de firmar extradiciones es una competencia presidencial. El trámite exige que la Cancería conceptúe previamente sobre los pedidos que elevan otros países, en especial Estados Unidos, y que la Corte Suprema de Justicia o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resuelvan si procede conceder la entrega. La firma del presidente es el último paso del procedimiento.
El volumen de extradiciones ha sido una variable sensible en la política colombiana de las últimas décadas. Durante los mandatos anteriores las cifras anuales oscilaron entre decenas y pocos cientos de solicitudes firmadas, según los reportes que entregaba cada Gobierno al cierre de año. El anuncio de 70 extradiciones en poco más de un mes sugiere un volumen inusualmente alto si se compara con promedios históricos.
La cooperación judicial con Estados Unidos ha sido el eje tradicional de las extradiciones en Colombia, por tratarse del país que más pedidos eleva contra nacionales involucrados en narcotráfico y otros delitos transnacionales. La fuente no detalla a cuáles naciones corresponden las 70 firmas reportadas por el presidente ni los delitos imputados a los extraditados.
Para los ciudadanos, las extradiciones tienen efectos indirectos en la medida en que impactan la dinámica de las organizaciones criminales que operan en el país. La entrega de cabecillas y operadores reduce la presencia de líderes en territorio colombiano, aunque también genera debates sobre el tratamiento penal que reciben los extraditados en el país requirente.
Sectores políticos y expertos en justicia suelen reaccionar de manera dividida ante este tipo de anuncios. Mientras algunos lo consideran un avance en la articulación con la justicia internacional, otros piden transparencia sobre los criterios aplicados, el respeto al debido proceso y la situación de los connacionales tras su entrega.
Queda por conocer el listado oficial de extraditados y los países de destino, así como los conceptos de fondo emitidos por la Cancillería y la Corte Suprema en cada caso. El pronunciamiento del presidente abre la expectativa sobre si el Gobierno divulgará un reporte detallado de las solicitudes firmadas durante este primer tramo de su administración.