El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto que levanta la suspensión vigente para el porte de armas de fuego en Colombia. La medida había restringido durante años la posibilidad de que los ciudadanos portaran armas en el espacio público, según la información publicada por Infobae.
Al defender la decisión, el presidente argumentó que las restricciones recayeron principalmente sobre los ciudadanos que cumplen la ley. En contraste, señaló que los grupos criminales han continuado armándose al margen de la legalidad, por lo que el control penal no lograría su objetivo principal.
Desde el Palacio de Gobierno se aclaró que el levantamiento de la suspensión no significa un porte indiscriminado de armas. La cartera de seguridad y la fuerza pública mantienen la facultad de regular los permisos y de revocarlos cuando se incumplan los requisitos establecidos.
El porte de armas en Colombia está regulado por el Estatuto para la Defensa y la Seguridad Ciudadana, que establece requisitos como la mayoría de edad, la ausencia de antecedentes penales y la demostración de una necesidad legítima. La suspensión general había sido una medida excepcional adoptada por gobiernos anteriores en coyunturas de orden público.
Organizaciones de la sociedad civil han planteado en otras ocasiones que la flexibilización del porte de armas puede incidir en las cifras de violencia interpersonal. El decreto del presidente reabre ese debate y deja en manos de las autoridades competentes el seguimiento de los efectos de la nueva política.
Para los ciudadanos que tramitan un permiso, el cambio implica que el procedimiento administrativo vuelve a habilitar la entrega de autorizaciones. Las personas interesadas deberán cumplir los mismos requisitos legales y someterse a los estudios de seguridad que realiza la autoridad competente antes de recibir la autorización.
El sector comercial vinculado a la venta legal de armas y los usuarios que practican tiro deportivo figuran entre los grupos que habían solicitado el levantamiento de la suspensión. También sectores rurales habían reclamado la medida por razones de seguridad personal en zonas donde la presencia del Estado es limitada.
La oposición política y algunos analistas han pedido al gobierno precisar el alcance del decreto y los controles que acompañarán la medida. Hasta el momento, Infobae no reportó reacciones oficiales de la Fiscalía ni de los organismos de control frente al contenido específico del decreto firmado por el presidente.
Queda pendiente la publicación del texto completo del decreto en el Diario Oficial, donde se conocerán los considerandos, los plazos y las excepciones que regirán la nueva política. La entrada en vigor de la norma marcará el inicio del calendario para que los ciudadanos puedan solicitar o reactivar sus permisos de porte.