De la Espriella, quien según la fuente resultó elegido como presidente de Colombia, ha puesto en el centro de su agenda la modernización tecnológica del Estado. La hoja de ruta que se conoció incluye el uso de inteligencia artificial, blockchain y plataformas digitales para trámites y servicios públicos, según reportó DPL News.
La propuesta apunta a que entidades nacionales operen con sistemas más ágiles, interoperables y accesibles para la ciudadanía. La inteligencia artificial aparece como herramienta para automatizar procesos y mejorar la atención al usuario, mientras que blockchain se menciona como soporte para registros y trazabilidad.
El contexto colombiano es exigente. De acuerdo con datos del Ministerio de las TIC y del DANE de años recientes, una parte significativa de la población vive en zonas con conectividad limitada, y las capacidades digitales de muchas entidades territoriales son desiguales. Cerrar esa brecha es condición para que una agenda digital tenga cobertura nacional.
La transformación planteada se inscribe en una discusión que el país arrastra desde hace varios gobiernos. Iniciativas como el expediente electrónico, la Carpeta Ciudadana Digital y los marcos de gobierno digital del Ministerio TIC han sentado bases, pero su implementación ha sido desigual entre entidades del orden nacional y territorial.
Para la ciudadanía, una administración digital más robusta puede traducirse en menos filas, menos traslados y respuestas más rápidas a trámites como registros, pagos y consultas. También puede significar que procesos como la contratación pública, la inscripción a programas sociales o la gestión de quejas se hagan por canales electrónicos verificables.
En materia de institucionalidad, el uso de blockchain en registros públicos ha sido explorado por algunas entidades en Colombia y en otros países de la región para darle transparencia a la cadena de trazabilidad. La propuesta de De la Espriella, según la fuente, llevaría esa idea a una escala más amplia dentro del aparato estatal.
El reto inmediato, coinciden analistas del sector, es de infraestructura y talento. Llevar IA y blockchain a toda la administración exige inversión en redes de fibra óptica, centros de datos, capacitación de servidores públicos y un marco normativo que regule el uso de datos personales, la contratación tecnológica y la auditoría de los algoritmos.
En el frente regulatorio, Colombia cuenta con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos y con lineamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una agenda de esta magnitud requerirá ajustes normativos, presupuestos plurianuales y articulación con el Congreso y los entes de control.
La fuente no detalla un cronograma ni montos específicos para la implementación. Queda pendiente conocer cómo se articulará la propuesta con el Ministerio de las TIC, con la Agencia Nacional Digital y con los gobiernos locales, que en Colombia tienen autonomía para ejecutar políticas de modernización.
El siguiente paso será la posesión y la conformación del equipo de gobierno, donde se definirán los responsables de llevar la agenda digital a planes concretos. Sectores académicos y gremiales han pedido en los últimos años que cualquier reforma de este tipo incluya una hoja de ruta pública con metas, indicadores y mecanismos de veeduría.